La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, confirmó al periodismo local que otro exmilitar venezolano solicitó protección al gobierno del presientes Gabriel Boric tras el secuestro de Ronald Ojeda Moreno, militar retirado venezolano que vivía en el país.
“Son cosas que el gobierno comprende. Todas las personas que estén en esa condición y expresen esa preocupación recibirán apoyo”, dijo la funcionaria, luego que el diario La Tercera informara que un exuniformado, también desertor del gobierno de Nicolás Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros en Talca, al sur de Santiago, donde dijo que temía por su vida y que conocía al exmilitar secuestrado.
En la madrugada del miércoles, Ojeda Moreno fue llevado de su domicilio en Santiago, la capital del país, por cuatro hombres con acento venezolano y los rostros cubiertos, que se identificaron como miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, según denunció su familia.
Por su parte, el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó ante la prensa que “todos los carabineros a nivel nacional están de alguna manera comprometidos y enfocados” para dar con el paradero de Ojeda Moreno. El funcionario, además, aseguró que el gobierno reforzó “particularmente las fronteras, puertos, aeropuertos y en todos los lugares donde pueda haber una vía de escape o salida”.
En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló anoche en conversación con la cadena de noticias CNN Chile que el secuestro de Ojeda Moreno es “anormal” para el país y que es “prioritario para el Ejecutivo” su esclarecimiento.
El gobierno de Chile anunció ayer que se sumaba al proceso por el secuestro del exmilitar venezolano y anticipó que dispondrá de “todos los recursos necesarios” para la investigación del caso, que fue catalogado como “secreto” por el Ministerio Público.
Ojeda Moreno vivía asilado en Chile desde diciembre pasado, por decisión del gobierno del presidente Boric, y su secuestro denunciado por diversos sectores de la oposición venezolana antes que fuera confirmado oficialmente.
El 24 de enero, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, incluyó a Ojeda Moreno en una lista de 33 militares expulsados de las Fuerzas Armadas de ese país, nueve días después que el presidente Nicolás Maduro afirmara que su gobierno desactivó durante 2023 cinco conspiraciones para derrocarlo y asesinarlo.
Poco después, el fiscal general, el oficialista Tarek Saab, vinculó a Ojeda Moreno con uno de esos supuestos complots, llamado “Brazalete blanco” por Caracas, por el cual arrestó este mes a la abogada Rocío San Miguel, quien dirige la oenegé Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares.
San Miguel, que tiene doble nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero acusada de estar vinculada a la supuesta conspiración para matar a Maduro e imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”; mientras que su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.
(Con información de agencias)
