Evo Morales presidió el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como denominó el país la Constitución de 2009, entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, cuando fue desalojado por el golpe de Estado que colocó en el Palacio del Quemado a Jeanine Áñez quien debió llamar a elecciones por las imparables revueltas populares.
De esos comicios, fue electo jefe de Estado Luis Arce, quien además de ser dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), como Morales, fue funcionario suyo en áreas claves de la economía del país, que creció de forma sostenida con los mandatos de esa agrupación política izquierdista y multirracial.
Sin embargo, la propia Constitución promovida por Morales le impide presentarse a un nuevo mandato pese a la popularidad con la que cuenta. El enfrentamiento entre Morales y Arce se acrecienta desde prácticamente el inicio de la asunción de este último en noviembre de 2020.
Aunque las elecciones presidenciales serán en noviembre de 2025, Morales está empeñado en validar su posibilidad de presentarse a un nuevo período.
Sin embargo, la inhabilitación de Morales realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia en diciembre de 2023, fue un desafío abierto al liderazgo del fundador del MAS.
Grupos de seguidores del expresidente boliviano cortaron por un tiempo indefinido las rutas en su bastión, la zona cocalera del Chapare, y quedó bloqueada la vía que comunica a la capital, La Paz, con la próspera Santa Cruz de la Sierra.
También paralizaron el tránsito en la región de Potosí. Así, el largo y variado historial de cortes de rutas en Bolivia se incrementa. Por primera vez se realizan en contra del Poder Judicial. Los seguidores de Evo que ocupan las carreteras demandan que los magistrados renuncien a sus cargos y se convoque de inmediato a elecciones judiciales.
Desde la perspectiva de los manifestantes, Bolivia sufre un “golpe judicial” tanto por la prórroga indefinida del mandato de los magistrados, que finalizó el 31 de diciembre pasado, como por el aplazamiento sin fecha de las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023. El gobierno de Arce considera que el objetivo de fondo es impedir la inhabilitación electoral de Morales propiciando la conformación de un nuevo TCP que revea la sentencia constitucional de diciembre de 2023.
Esa decisión fijó un máximo de dos períodos continuos o discontinuos para los presidentes, y sacó a Morales de cualquier competición futura.
En un discurso en cadena nacional, el presidente Arce dijo que tiene “razones para estar alerta y en pie de combate”. Señaló que los seguidores de Evo Morales, que etiquetó como “nueva derecha”, se suman a las ya conocidas amenazas conservadoras en contra de su gobierno, sólo “por ambiciones personales y electorales”.
La demanda de los movilizados hace eco de una preocupación internacional. El 22 de enero, Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, se pronunció en Ginebra por la pronta realización de elecciones judiciales en Bolivia, lo que consideraba “uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia”.
Morales apoyó a Satterthwaite en sus redes sociales. Arce, en cambio, sostuvo que deben hacerse “todos los esfuerzos para allanar el camino hacia elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constitución y evitando el cuoteo político”. Una manera de diferenciarse claramente de quien fuera su jefe y ahora es su competidor.
Las elecciones de magistrados también son exigidas por la oposición tradicional con métodos parlamentarios y fueron trabadas el año pasado por la disputa de fuerzas en la Asamblea Legislativa, fragmentada tras la división del MAS entre los leales Morales y los leales a Arce.
El TCP contribuyó a ese fracaso, ya que declaró inconstitucionales dos convocatorias a los comicios judiciales. Se lo acusó de haber inviabilizado las elecciones para poder prorrogar a los actuales tribunales.
Morales sostiene que el gobierno necesita la prórroga de las actuales autoridades judiciales para asegurar la reelección de Arce en 2025 mediante su inhabilitación.
Por eso el corte de rutas se realiza en contra de esta prórroga. La elección popular de los magistrados es una innovación boliviana, introducida por la Constitución de 2009.
Las elecciones realizadas hasta ahora fueron fácilmente ganadas por el MAS, que contaba con dos tercios del Parlamento y podía seleccionar por sí mismo a los candidatos que luego presentaría a consideración del electorado.
Con la división del MAS, ningún partido posee esa ventaja, de modo que las listas de candidatos a jueces requerirían acuerdos entre distintas bancadas. Algo que necesita de un diálogo entre Arce y Morales, cosa que no está a la vista.
