Luego de que denunciara al diputado de Marea Frenteamplista, Gustavo Olmos, por acoso sexual, la diputada suplente Martina Casás y el sector se presentaron una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.
La defensa encabezada por el abogado Juan Raúl Williman presentó un reclamo de haberes por despido indirecto y abusivo, que ocurre cuando la empleada deja de trabajar ante una actuación abusiva del empleador que le genera daños extraordinarios.
El reclamo apuntó en este caso contra el sector Marea Frenteamplista como empleador –para el que Casás se desempeñaba como asesora en diversos temas– y hacia el propio Olmos como titular de la banca y responsable de las transferencias bancarias.
Sin embargo, en diálogo con El Observador, la abogada defensora del sector, Marina Morelli, señaló que Marea Frenteamplista no dio lugar a la demanda de Casás. Según dijo la abogada, Marea Frenteamplista actuó dentro de la normativa y con los deberes éticos, morales y jurídicos. A su vez, agregó que Casás presentó algunas inconsistencias en cuanto a los reclamos laborales, por ejemplo, la fecha en la que fue despedida, entre otras.
“Cuando digo que el reclamo me parece poco serio y contradictorio, es porque es contradictorio con la realidad. A nosotros nos dicen que la parte citante se considera despedida el 31 de octubre del año 2023”, dijo Morelli en rueda de prensa.
Sin embargo agregó que “alguien que se considera despedida es alguien que no hace tareas, es alguien que no recibe el pago de salario, es alguien que no combina por ejemplo dividir las vacaciones y tomarse una licencia unos días en enero y otros días en febrero del año siguiente”.
Para la abogada del sector, el lugar para debatir estos puntos “no es en los medios, sino que las máximas garantías para ella (Martina Casás), estan dadas en la sede judicial” y no en “un raíd medático”.
“Debemos contribuir todos para no hacer un show de la violencia”, añadió Morelli.
Al no hacer lugar a la conciliación, Casás denunciará al sector en el ámbito judicial y así continuará con el reclamo, informó Williman a El Observador.
El reclamo asciende en total a $981 mil, equivalente a poco más de US$ 25 mil, según los números a los que accedió El Observador.
La defensa de Casás pide $468 mil por concepto de despido abusivo, $312 mil por despido indirecto, $21.666 por concepto de aguinaldo, $93 mil por una multa basada en un recargo del 10% ante la omisión de pago de créditos laborales, $43 mil por concepto de licencia y otros $43 mil por salario vacacional. El abogado Williman había dicho además en entrevista con Informativo Sarandí que la diputada se encuentra en una “situación especial de empleador empleada”, en tanto también figura como autoridad.
La dirigente, de 29 años de edad, apuntó contra el titular Olmos, quien es 33 años mayor, por un acoso sexual basado en “besos” y “abrazos de despedida de jornada”, así como de “toques en sus glúteos sin el consentimiento de la víctima y la invitación para estar juntos en circunstancias de recorrer el país”.
