El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, empieza este martes la defensa de su último recurso ante la justicia británica para evitar su extradición a Estados Unidos, que lo acusa de espionaje por filtración masiva de documentos confidenciales.
Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres examinarán durante dos días la decisión de la justicia británica que el 6 de junio denegó a Assange el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos.
En declaraciones el lunes a la cadena británica BBC, su mujer, Stella Assange, dijo que si pierde esta vista “ya no tendrá ninguna posibilidad de apelación” en el Reino Unido.
A Assange le quedaría, sin embargo, un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señalaron sus seguidores en diciembre.
Ante la inminencia del juicio, su esposa alertó la semana pasada sobre el estado de Assange.
“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”, dijo el jueves pasado, en una rueda de prensa en la capital británica.
Detenido desde 2019
El australiano de 52 años es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.
En caso de extradición, Assange podría ser condenado a décadas de prisión en Estados Unidos.
Assange fue detenido por la Policía británica en 2019, tras siete años confinado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia.
El australiano lleva cuatro años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres.
La campaña “Free Assange” lo presenta como un mártir de la libertad de prensa.
El gobierno británico aceptó en junio de 2022 su extradición, pero Julian Assange apeló, lo que hizo que se retrasara su entrega.
La justicia británica dio luz verde a la extradición después de que Estados Unidos asegurara que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), apodada “Alcatraz de las Rocosas”.
“Julian será puesto en un agujero tan profundo que nunca lo volveremos a ver”, advirtió Stella Assange.
Ese mismo día, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, criticó la prolongada persecución contra Assange.
El parlamento australiano había aprobado en la víspera una moción apoyada por el primer ministro que pedía el fin de la persecución de Assange, para que pueda volver con su familia en Australia.
“La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange, pero independientemente de la posición de la gente, esto no puede seguir y seguir indefinidamente”, dijo Albanese al Parlamento.
Informe de la ONU
A principios de febrero, la relatora especial de la ONU sobre la tortura, la abogada australiana Alice Jill Edwards, pidió al gobierno británico “suspender la inminente extradición de Julian Assange”.
“Sufre desde hace mucho tiempo un trastorno depresivo periódico y existe el riesgo de suicidio”, dijo Edwards.
En su opinión, “el riesgo de que se lo mantenga en régimen de aislamiento pese a su precaria salud mental y de que su condena pueda ser desproporcionada plantea la cuestión de si la extradición sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de Derechos Humanos”.
En un comunicado conjunto, la semana pasada, las federaciones internacional y europea de periodistas sostuvieron que “los procesos en curso contra Assange comprometen la libertad de prensa en todo el mundo”.
(Con información de agencias)
