La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, presentó a los partidos políticos un documento en donde se propone a candidatos y pre candidatos a la presidencia a suscribir un “pacto por la patria”.
En él se incluyen una serie de propuestas vinculadas a educación, seguridad, finanzas públicas y consejo de salarios, entre otros puntos.
El pacto solicita “hacer los máximos esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de la democracia, evitando que la política se rebaje a una seguidilla interminable de acusaciones y rencillas”. También se llama a “enaltecer el diálogo y la oposición responsable por sobre los enfrentamientos y el obstruccionismo estéril y paralizante”.
En otro punto, se pide “priorizar el fortalecimiento de las instituciones por encima de todo cálculo político”.
En cuarto lugar se llama a “fortalecer el prestigio del Poder Legislativo, cuidando el nivel de la producción y la profusión de leyes, así como el rol de la justicia, priorizando el nivel técnico de sus integrantes y preservando su autonomía frente a los avatares de la política”.
Y en quinto lugar “priorizar aspectos fundamentales de la vida del país y hacer los máximos esfuerzos para alcanzar los acuerdos necesarios” para poder efectivizarlos.
Seguridad, pobreza y modernización del Estado
En la lista se incluye la seguridad, “con especial atención al combate del crimen organizado y a la situación del sistema penitenciario”, dice el texto.
El combate a la pobreza y a la marginalidad, con particular énfasis en la niñez, “procurando articular el abordaje a sus componentes: salud, apoyo a la familia y formación, dando participación a iniciativas privadas de probada experiencia, para colaborar con el Estado”.
“Modernizar el Estado, en un marco de subsidiariedad y de dedicación exclusiva al servicio de la sociedad”.
Impuestos, gasto público y formación
Otro punto apunta a “el control de la carga tributaria y del peso del gasto público, comprometiendo no aumentarlos, sino, por el contrario, diseñar una política nacional, de mediano y largo plazo, para la efectiva reducción de ambos”.
“Esto debe incluir una revisión a fondo de las actividades que el Estado realiza y-o regula, a todos sus niveles, identificando todo aquello que resulta innecesario o excesivo”, dice el texto.
“Poner el foco en la formación de niños y jóvenes, con ánimo constructivo, en carriles de libertad y transparencia, evitando caer en enfrentamientos ideológicos o corporativos que enrarecen el clima y obstaculizan la tarea. Incluir en los lineamientos básicos del tema, la atención al mundo en que deberán vivir nuestros jóvenes”, agrega en otro punto.
Consejos de Salarios y Uruguay “caro”
Otro capítulo del pacto propone “encarar la realidad del trabajo con una óptica amplia, positiva y moderna que, sin desproteger a los actores, ambiente las negociaciones laborales en un clima de mayor entendimiento, guardando las confrontaciones para cuando no existan otros caminos de solución”.
En ese sentido, dice que se debería “incluir en este enfoque una revisión de la estructura de los actuales Consejos de Salarios, adaptándolos a la realidad. Ella debe incluir descentralizar y desregular el mecanismo, así como el modernizar ciertas normas labores y sindicales, procurando evitar limitaciones injustificadas a la libertad de trabajo”, subraya el documento.
Por otro lado, se entiende necesario “abordar la actividad económica de la sociedad apuntando a la mayor apertura posible, evitar distorsiones regulatorias y procurar un tratamiento equilibrado entre sectores y actores”.
Sobre este punto, se agrega que hay consenso de que Uruguay es un país caro, pero no así con referencia a las causas del fenómeno. “Ellas exceden el ámbito del reclamo clásico, referido a la política cambiaria. Incluyen factores como los altos costos tributarios y regulatorios. Se impone analizarlos, poniendo el foco en la estructura tributaria (incluyendo gravámenes a la mano de obra) y en el universo de regulaciones a la importación y al comercio, que animan situaciones injustificadas de proteccionismo”, dice el documento.
Además, se llama a “promover la creación de valor y trabajo innovador por parte de las micro y pequeñas empresas, facilitando su formación y desarrollo”; entre otros puntos.
“Todo esto debe ir sólidamente enmarcado en una política macroeconómica que cuide primordialmente la estabilidad, empezando por los precios, el equilibrio fiscal y la reducción de los niveles de endeudamiento”, finaliza el texto.