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Cómo fue el reparto de la torta presupuestaria | El CESO publicó un análisis del Presupuesto 2022 aprobado por decreto

El Presupuesto 2022 que el gobierno formalizó a través del Decreto 331/22 no solo establece las nuevas proyecciones macroeconómicas de PBI, crecimiento e inflación. También da cuenta – a pesar de que en general es modificado sobre la marcha- de la hoja de ruta y las prioridades del gobierno en materia de política económica. En esta clave, es importante resaltar los incrementos en las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología y Agricultura. Los rubros con menores actualizaciones son asistencia social, políticas alimentarias y vivienda.

El gobierno reformuló la estimación de gastos en función de nuevas proyecciones macroeconómicas que indicarían un PBI nominal de 76.500.000 millones de pesos, compatible con un crecimiento real del 4 por ciento y una inflación punta a punta en diciembre del 57 por ciento. Esta modificación estaba pendiente de ser realizada desde el 15 de abril, fecha en la que se había comprometido a hacerse efectiva en el Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI.

“Las proyecciones de inflación y de crecimiento resultan optimistas”, asegura el informe económico Modificaciones Presupuestarias elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) que analiza el nuevo presupuesto y permite dar cuenta de la hoja de ruta del gobierno para este año.

Entre las cinco jurisdicciones que tienen mayor presupuesto asignado- Trabajo, Economía, Obligaciones del Tesoro, Deuda Pública y Desarrollo Social- , llama la atención el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una reasignación inferior al promedio (30,8 por ciento). Las obligaciones a cargo del tesoro son las que tienen un mayor incremento (81,1 por ciento).

En línea con esto, CESO resalta los magros incrementos en promoción y asistencia social (+30,2 por ciento), políticas alimentarias (+33 por ciento) y vivienda (+5,4 por ciento). “Resulta llamativo su bajo incremento ya que son partidas que vienen teniendo un incremento significativo en el gasto ejecutado en relación al año pasado, en algunos casos superiores al 100 por ciento, como en el caso de la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo”, asegura el informe.

Los mayores incrementos fueron para el Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología y el de Agricultura. El de Educación se incrementó 93,7 por ciento pasando de representar 4,6 a 5,9 por ciento del presupuesto total. Agricultura tuvo también un incremento relativo alto – de 87,9 por ciento-, aunque con igual peso en el presupuesto total y un impacto nominal menor.

Párrafo aparte merece el caso de Ciencia y Tecnología, una de las áreas normalmente afectadas por los ajustes que implican los acuerdos con el Fondo Monetario. Una de las características del Programa firmado en marzo para poder pagar la histórica deuda tomada por Mauricio Macri en 2018 era que establecía como condición respetar la ley de financiamiento de Ciencia y Tecnología y el decreto 331/22 acató.

De esta manera, los 121,7 millones de pesos destinados a esta cartera implican un alza de 130 por ciento respecto a los 52,9 asignados en 2021. La ley permite algo inédito: que el presupuesto del área crezca en el marco de un acuerdo con el Fondo, incluso revirtiendo la tendencia de 2016-2019 que sufrió recortes todos los años. El más fuerte, el del 2018 cuando cayó 34,5 por ciento el presupuesto real del área.

La jurisdicción con menor variación al alza es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con un incremento de sólo 244 millones de pesos. El Ministerio de Salud y el de Turismo tuvieron gastos significativos en el contexto de pandemia durante el año pasado, por lo que su bajo incremento puede deberse a ese motivo. “Llama la atención el caso del Ministerio de Obras Públicas (19,1 por ciento). Es un alerta que recuerda a la frase de “re priorizar el gasto público” que incorporó el FMI en su comunicado del 8 de junio”, asegura CESO.

En Energía, se destaca el incremento en los aportes a Cammesa que aumentaron 66 por ciento. En paralelo se reduce la asignación que tenían los programas que ya no están vigentes, como la Resolución 46/17. En esta materia es de las pocas que había habido modificaciones presupuestarias previas. El Programa Hogar para garrafas sociales ya había tenido un incremento del 63,2 por ciento. Sin embargo, también quedan dudas de que alcancen algunas de estas partidas, tanto de transferencias a Cammesa como los aportes al Plan Gas que puede superar los 80.000 millones de pesos. También debe considerarse que comienza aplicarse la Ley de Zonas Frías en amplias regiones del país.

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