La precandidata Carolina Cosse, la única que hasta ahora no se ha posicionado a favor o en contra del plebiscito por seguridad social postulado por el PIT-CNT, espera no tener que pronunciarse sobre el contenido de la papeleta hasta después de las elecciones internas, según confirmaron fuentes cercanas a El Observador.
Pese a haber firmado a favor de la iniciativa bajo la premisa de habilitar la discusión, Cosse dejó claro que eso no implicaba tomar postura sobre los controversiales puntos de la papeleta: la supresión de las AFAP, la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y el mantenimiento de la edad mínima de retiro en 60 años.
La intendenta se amparó para ello en el artículo 331 de la Constitución de la República, que habilita a presentar una propuesta alternativa a la Asamblea General una vez que se trasladan las firmas al Parlamento. “Estoy convencida que está en el ánimo del constituyente (…) Mi pensamiento es que el constituyente quería una reconsideración”, anunció en diciembre.
Se trataba de un mecanismo sugerido al entorno de la precandidata por el constitucionalista José Korzeniak. Por la vía de los hechos, suponía respaldar la iniciativa popular sin tener que avalar el contenido de fondo, resistido por buena parte de los economistas, el oficialismo y el propio Frente Amplio.
En el entorno de la intendenta interpretan que sus argumentos la habilitan a no tener que pronunciarse hasta que no se hayan validado las firmas necesarias y se haya convocado –en caso de que se cumplan los requisitos– el plebiscito.
Tanto dirigentes de su precandidatura como miembros de la Corte Electoral ya calculan que lo más probable es que esa etapa llegue recién después de las internas del domingo 30 de junio, donde Cosse aspira a alzarse victoriosa.
“El plazo vence el 27 de abril, y sobre la primera quincena de mayo la Asamblea General (del Parlamento) verificaría las adhesiones”, dijo a El Observador el ministro de la Corte, José Garchitorena. “Va a depender de la cantidad de parejas que se armen y de otras tareas que tenga la Corte. Probablemente haya que estar verificando dos plebiscitos a la vez”, añadió en referencia a la iniciativa por una “deuda justa” de Cabildo Abierto, que de momento no maneja tanta holgura en la recolección de firmas como el PIT-CNT.
“Dependerá de la cantidad de funcionarios que sean asignados y de los tiempos disponibles, porque los recursos humanos son los mismos que están destinados a otros eventos preparatorios, como las internas en junio, el relevamiento de locales, capacitaciones”; detalló Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral.
Foto: Leonardo Carreño.
Carolina Cosse, precandidata por el Frente Amplio
El jerarca prefirió no estimar cuántas parejas estarán dedicadas a verificar las firmas, en tanto dijo que depende de un informe técnico de la Oficina Nacional Electoral, pero añadió que el hecho de que el postulante no sea “un partido” –sino organizaciones sociales– obliga a pensar formas de estructurar las parejas de funcionarios de modo de “dar garantías” a todas las partes: “Un criterio podría ser usar declaraciones a favor o en contra de la iniciativa” de los funcionarios que compongan cada equipo.
Tanto Penco como Garchitorena reconocieron a El Observador que “es probable” que las firmas no terminen de validarse antes de las internas.
Con 23 días de campaña por delante y a menos de 25 mil firmas del mínimo exigido por la Constitución para llevar una iniciativa a las urnas, el PIT-CNT apuesta ahora a “pegar el estirón necesario para superar con creces” ese límite. El presidente de la central, Marcelo Abdala, sostuvo el martes que ya habían recolectado 246.727 rúbricas tras una “aceleración especialmente intensa en Semana de Turismo”.
La explicación de Cosse desarrollada en un texto de dos carillas –tras dilatar durante meses su definición– también permitió no entrar en directa contradicción con dos de sus principales aliados en la campaña: el Partido Comunista y el Partido Socialista, ambos embanderados con la recolección de firmas.
Otros socios más moderados de su precandidatura, como el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y su Espacio Socialdemócrata Amplio, han declarado su oposición a la papeleta.
El principal rival de Cosse en las internas es Yamandú Orsi, quien ha anunciado que no firmará por el plebiscito y adhiere al camino definido por el Frente Amplio: convocar a un diálogo social para hacer una nueva reforma en caso de ser gobierno. También Mario Bergara ha sido categórico en rechazar la papeleta. El salteño Andrés Lima es el único que respaldó la iniciativa.
Economista Rosselli: “Pésima iniciativa, regresiva y temeraria”
El socio de Exante, Pablo Rosselli, afirmó en un hilo de X que se trata de una “pésima iniciativa, regresiva y temeraria” y arremetió contra la idea de introducir “regulaciones de índole legislativa en la Constitución”, por ser esta “muy difícil de cambiar”.
El economista aseguró que los impulsores “aspiran a que el Estado cobre más impuestos o contribuciones a la seguridad social para financiar el déficit del sistema” cuando ya hay un “alto gasto público en pasividades”. “Si fuésemos a aumentar la presión tributaria, deberíamos pensar en destinar esos recursos a combatir la pobreza y la marginalidad, que afecta sustancialmente a niños y adolescentes”, escribió.
El economista aseguró además que serán las personas de “menores ingresos” las que “deberán trabajar más allá de los 60 años aunque se apruebe esta reforma”, en tanto las de “mejores carreras y mayores ingresos” son “las que pueden acumular los 30 años de servicio”.
Rosselli agregó que “actúa en perjuicio de las generaciones más jóvenes” que “deberán soportar una mayor presión tributaria” y que “es temeraria porque plantea un fuerte aumento instantáneo del gasto público (suba de pasividades mínimas) y una enorme inseguridad jurídica” al “confiscar” ahorros administrados por las AFAP y “poner en duda” la reforma de 1996.
Además sostuvo que indexar las pasividades mínimas al salario mínimo “terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo”.