La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal supremo de Naciones Unidas (ONU), abrirá desde mañana una serie de seis audiencias consideradas históricas y en las que sus 15 integrantes se abocarán a analizar la legalidad de la ocupación por parte de Israel de las tierras reclamadas por los palestinos para la constitución de un estado propio.
Según lo pautado, en las audiencias, que abordarán la ocupación indefinida por parte de Israel de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental, el corazón del conflicto, participará un número sin precedentes de países, mientras Israel continúa su devastador ataque.
Los representantes palestinos, que hablarán primero, argumentarán que la ocupación israelí es ilegal porque viola principios clave del derecho internacional, adelantó a los periodistas uno de sus integrantes, en referencia a la ocupación por parte de Tel Aviv de grandes extensiones de territorio, imponiendo “un sistema de discriminación racial”.
“Queremos escuchar nuevas palabras del tribunal”, afirmó Omar Awadallah, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores palestino. “Tuvieron que considerar la palabra genocidio. Ahora queremos que el tribunal considera el apartheid”, agregó en alusión al caso presentado por Sudáfrica.
Awadallah afirmó que una opinión consultiva del tribunal “nos dará muchas herramientas, utilizando métodos y herramientas pacíficos del derecho internacional, para enfrentar la ilegalidad de la ocupación”.
Es probable que el tribunal tarde meses en pronunciarse. Sin embargo, los expertos evalúan que la decisión, aunque no es vinculante, podría impactar profundamente en la jurisprudencia internacional, en la ayuda internacional que recibe Israel de sus aliados y en la opinión mundial pública.
No está previsto que Israel hable durante las audiencias, pero podría presentar una declaración por escrito en la que probablemente justificará la actual ocupación por motivos de seguridad, especialmente en ausencia de un acuerdo de paz, y que apunte al ataque del 7 de octubre en el que militantes Hamás mataron a 1.200 personas y tomaron 250 rehenes.
No obstante, los representantes palestinos y los principales grupos de derechos humanos señalan que la ocupación va mucho más allá de las medidas defensivas y expondrán que la ocupación se ha transformado en un sistema de apartheid, reforzado por la construcción de asentamientos en tierras ocupadas.
El caso llega al tribunal después que la Asamblea General de la ONU votara por un amplio margen en diciembre de 2022 a favor de pedir a la CIJ una opinión consultiva sobre una de las disputas más largas y espinosas del mundo, solicitud promovida por los palestinos y a la que Israel se opuso vehementemente.
En una declaración escrita antes de la votación, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, calificó la medida de “escandalosa”, acusó a la ONU de estar “moralmente en bancarrota y politizada” y argumentó que cualquier decisión del tribunal será “completamente ilegítima”.
Israel capturó Cisjordania, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza en la guerra de 1967, territorios que los palestinos reclaman para la formación de un estado independiente y que Tel Aviv considera que está “en disputa” y sujeto a negociaciones.
Israel ha construido 146 asentamientos que albergan a más de 500.000 colonos judíos. Además, ha anexado el este de Jerusalén y considera que toda la ciudad es su capital. Otros 200.000 israelíes viven en asentamientos construidos en Jerusalén oriental.
La comunidad internacional considera abrumadoramente que los asentamientos son ilegales. Además, la anexión por parte de Jerusalén oriental, hogar de los lugares sagrados más sensibles de la ciudad, no goza de reconocimiento internacional.
No es la primera vez que se le pide al tribunal que dé una opinión consultiva sobre las políticas israelíes o que declare ilegal la ocupación. En 2004, la CIJ dijo que la barrera de separación que Israel ha construido a través de Jerusalén oriental y partes de Cisjordania es “contraria al derecho internacional” y pidió a Tel Aviv que detuviera inmediatamente la construcción.
En un caso de 1971, en el que probablemente se basará el equipo legal palestino, el tribunal emitió una opinión consultiva determinando que la ocupación sudafricana de Namibia era ilegal y que Sudáfrica tenía que retirarse inmediatamente del país.
Además, a finales del mes pasado, en el caso presentado por Sudáfrica acusando a Israel de genocidio, el tribunal ordenó al estado israelí que hiciera todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en su campaña en la Franja de Gaza.
Está previsto que los representantes sudafricanos hablen el martes. El partido gobernante del país, el Congreso Nacional Africano, ha comparado durante mucho tiempo las políticas de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania con el régimen de apartheid de la minoría blanca en Sudáfrica, que segregó a la mayoría negra antes de terminar en 1994.
(Con información de agencias)
