La Policía del Perú reprimió con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes que bloquearon el jueves una vía férrea que une al sitio inca de Machu Picchu con la población de Ollantaytambo, en protesta por la privatización de las entradas al sitio arqueológico.
La protesta había comenzado en horas del mediodía, pero desde el pasado jueves organizaciones sociales convocaron a un paro indefinido que terminó siendo respaldado por el propio alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori, quien declaró que con eso pretenden “defender la no privatización de los ingresos”.
Los manifestantes denunciaron que la Policía les dispara a quemarropa, reportándose varios heridos por contusiones craneales y uno por disparos de las fuerzas del orden. A pesar de que se ha solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo, el ente en cuestión no ha respondido al llamado.
A propósito, la congresista y exministra de Cultura, Silvana Robles, exigió el “cese inmediato de la represión policial contra la población”, manifestando que tienen “todo el derecho” de demandar la nulidad del “irregular contrato” del Ministerio de Cultura con la empresa Joinnus para la venta de boletos de ingreso a la ciudadela Patrimonio de la Humanidad.
A pesar de las inclemencias del tiempo, los manifestantes llegaron con pancartas en contra de la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, quien reconoció la necesidad de “tener una plataforma que sea del Estado peruano y sea sostenible para todos los sitios arqueológicos”, pero consideró que era momento de un cambio.
“Necesitamos renovar la plataforma”, adujo Urteaga, quien declaró que Joinnus no fue la única que buscó la licitación, pero sí la que “ofrece el menor precio”. Por lo tanto, desestimó que se tratase de una contratación directa, sin concurso, producto de un acto de corrupción.
Entre las exigencias del grupo, está dejar sin efecto el contrato de adjudicación que permite a Joinnus trabajar y lucra con la venta de boletos, así como la destitución de la ministra de Cultura por daños y perjuicios causados a la llaqta. También exigen ratificar la suspensión de la construcción del centro virtual de interpretación en Puente Ruinas.
Para ellos, en lugar de promover la interpretación e inducción de manera virtual, se busca garantizar la venta presencial, así como la distribución racional y armoniosa a los visitantes del Santuario Machu Picchu.
(Con información de agencias)
