La idea de captar militares para reforzar la seguridad pública trasciende partidos. Hoy lo proponen dos precandidatos blancos –Laura Raffo y Jorge Gandini– y el larrañaguismo fue por años abanderado de intentarlo, al punto de llevarlo a las urnas en 2019 con el plebiscito Vivir sin miedo.
Pero también lo impulsó varias veces el Frente Amplio en el gobierno, y hasta lo concretó en 2011, pero lejos de los resultados esperados.
Ese antecedente directo vuelve a la agenda con el proyecto de Raffo para sumar mil efectivos del Ministerio de Defensa a la Guardia Republicana (Ministerio del Interior).
Ese mismo número de cupos buscaba llenar el gobierno de José Mujica en 2011 cuando con la firma de Eduardo Bonomi (Interior), Fernando Lorenzo (Economía) y Luis Rosadilla (Defensa) elaboró el decreto que sentaba las bases para un “llamado exclusivo” para militares.
Lejos de alcanzar los números deseados, 463 efectivos de las Fuerzas Armadas se inscribieron, según la respuesta del Ministerio del Interior a un pedido de acceso a la información pública de El Observador. En febrero del año siguiente terminaron designados por el Poder Ejecutivo 342 de esos postulantes, repartidos entre las jefaturas de Montevideo y Canelones (250), Guardia Republicana (63) y Bomberos (29).
Eso suponía un tercio de las vacantes a las que públicamente aspiraba Bonomi, quien retomó la idea al siguiente gobierno.
“Hay una necesidad indudable de obtener más recursos humanos para desplegar en la calle y los problemas de seguridad, teniéndolos de manera tal que sea rápido y que no insuma demasiado presupuesto para el Estado”, dijo a El Observador el exdirector nacional de Policía, Mario Layera.
Inés Guimaraens
Archivo, intervención de la Guardia Republicana
“La información que yo tuve en ese momento era que el personal subalterno, que era el que podía pasar de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior, fue de todas las maneras influenciado para que no lo hicieran. Era un poco por defensa de su propio presupuesto y por una visión diferente de la situación”, declaró.
Layera agregó que de por sí “fue muy conflictivo” coordinar con Defensa para que los militares pudieran encargarse de tareas tales como el control en cárceles y embajadas de modo de “volcar más policías a las calles”. “Siempre se estuvo tratando dentro del Poder Ejecutivo de involucrar más al personal de las FFAA para cubrir esos puestos, pero siempre hubo ‘peros’: algo legal, económico, o formativo, o de visión de país”.
El propio Bonomi se cruzó con su correligionario Eleuterio Fernández Huidobro en 2012 cuando Defensa se negaba a controlar ingresos y egresos de las cárceles. “Los primos no se llevan bien”, repiten autoridades de la época sobre la resistencia de los militares a trabajar como policías, aún cuando los segundos están mejor remunerados que los primeros.
Así queda de manifiesto en el discurso del cabildante Guido Manini Ríos, quien fuera comandante en jefe del Ejército ungido por Mujica y Huidobro, cuando habla de su oposición a “desnaturalizar” el rol de los militares.
“Hemos puesto nuestros peros a la participación militar en tareas policiales. La lucha contra el narcotráfico es un tema policial. Entendemos que las FFAA tienen su formación, su armamento, que le hacen cumplir sus tareas específicas. Pero sí hay muchos elementos de las FFAA que pueden ser utilizados en materia de seguridad: pueden cerrar las fronteras, controlar el espacio aéreo, el mar territorial, las costas. Para eso necesitan los recursos que se les han negado durante décadas”, dijo días atrás a El Observador.
La idea de Raffo
Sumar, el paraguas que impulsa la precandidatura de Raffo, refirió a “la selección de mil efectivos del Ministerio de Defensa que tengan condiciones para ingresar a la Policía Nacional”.
La economista dijo en entrevista con El Observador que busca “abrir vacantes en el Ministerio del Interior, que es a quien responde la Guardia Republicana, y que puedan ser completadas” con militares para “equilibrar el gasto”. “Si los efectivos salen de un ministerio y van a otros no es lo más importante. Lo importante es dar la solución de seguridad para los uruguayos”, afirmó.
“Lo que hizo Bonomi en el pasado fue usar vacantes de la Policía. Le pidió a los funcionarios de Defensa que querían pasar a ser redistribuidos hacia el Ministerio del Interior. Ahí hubo mucha presión vital –sabemos que fue así–, que estaban en contra que hubiera soldados que pasaran a policías. Lo que plantea Laura es que la vacante y el cargo pasen al ministerio”, justificó a El Observador uno de los ideólogos de la propuesta y exministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Foto: Leonardo Carreño.
Archivo, desfile de militares
El senador herrerista sostuvo que se instrumentaría mediante un artículo del Presupuesto o Rendición de Cuentas para trasladar las vacantes desde Defensa a Interior. “Si (los militares) no quieren pasar al Ministerio del Interior, igual hay un llamado para llenar esas vacantes”, expuso Heber, aunque confió en que “son más de mil militares” los que desean trasladarse.
Cabe mencionar que también Bonomi daba cuenta de ese interés hace más de diez años, aunque luego no se tradujo en los hechos. Una diferencia, en este caso, es que la idea de la precandidata blanca supone focalizar los recursos en la Guardia y no repartirlos en jefaturas y Bomberos.
Carlos Camy, senador de Alianza Nacional y la otra referencia de Raffo para temas de seguridad, señaló que “el centro del proyecto es fortalecer el despliegue de la Guardia Republicana con mil efectivos más, cuatro bases nuevas y nuevos vehículos”, más allá de su origen.
“El personal seleccionado de las FFAA que esté interesado debe reunir las condiciones y tendrá que realizar un curso de formación para personal de escala básica por cuatro meses en régimen de internado”, dijo a El Observador, aunque insistió en el “objetivo principal” de reforzar una Guardia que hoy componen unos 1.350 efectivos, y sumando bases en Montevideo, Colonia, Treinta y Tres y Ciudad del Plata.