El mayor logro legislativo del presidente Joe Biden fue la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación (LRI, por sus siglas en inglés). Se trata de la mayor inversión realizada en Estados Unidos para hacer frente a los crecientes peligros del cambio climático.
Sin embargo, los asesores de Donald Trump indicaron que el desmantelamiento de la histórica ley sería una de las prioridades del candidato en caso de ganar las presidenciales. Si lo consigue, paralizaría el cambio del país hacia industrias más limpias y frenaría los esfuerzos para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero.
La LRI prevé liberar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones federales para fuentes de energía renovables, vehículos eléctricos y baterías. Se trata de la “espina dorsal” del plan de Biden para cumplir los compromisos adquiridos por el país en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que sitúa a Estados Unidos en la senda de reducir las emisiones hasta en un 42% respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década.
El extenso paquete de políticas federales supuso la “mayor derrota” que sufrieron los conservadores durante el mandato de Biden, según Myron Ebell, quien dirigió el equipo de transición de la Agencia de Protección Medioambiental durante la administración de Trump.
Derogar la norma se convirtió en una obsesión entre muchos conservadores. Es el caso de los autores del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, considerado como la hoja de ruta de extrema derecha para los primeros días de una segunda administración Trump.
Los créditos fiscales de la LRI para vehículos eléctricos y proyectos de energía limpia parecen especialmente vulnerables, según los expertos en política climática. La pérdida de esas disposiciones por sí solas podrían remodelar la senda de reducción de las emisiones, añadiendo cientos de millones de toneladas métricas de contaminación durante la década.
La LRI moviliza fondos públicos para acelerar la transición energética mediante una combinación de subvenciones directas y créditos fiscales que permiten a empresas o particulares reducir sus obligaciones federales a cambio de comprar, instalar, invertir o producir energía y productos más limpios.
Sin embargo, los recortes fiscales para particulares impulsados durante el mandato de Trump expiran el año que viene. Si gana un segundo mandato, los legisladores que buscan extender esos recortes podrían agrietar el código tributario y extirpar componentes clave de la LRI, particularmente si los republicanos conservan el control de la Cámara de Diputados y aumentan sus escaños en el Senado.
Uno de los principales objetivos de Trump, según numerosos observadores políticos, serán los créditos fiscales para vehículos eléctricos que incluye la LRI y que reducen en US$ 7.500 el costo de autos y camiones eléctricos. De hecho, en un mitin celebrado en diciembre en Iowa, el mayor productor de maíz del país, se comprometió a anular “desde el primer día el demencial mandato de Joe Biden sobre los vehículos eléctricos, que elimina el etanol”.
En septiembre, en el disputado estado de Michigan, apeló a los miedos de los trabajadores del sector automovilístico: “El corrupto Joe se está poniendo del lado de los locos de izquierda que destruirán la fabricación de automóviles y destruirán el propio país. Esas malditas cosas no van lo suficientemente lejos y son demasiado caras”.
Otros objetivos de Trump
Otros componentes de la LRI que están en el punto de mira de Trump incluyen los créditos fiscales para invertir o explotar centrales eléctricas libres de emisiones que entrarían en funcionamiento en 2025 o más tarde, según Josh Freed, director del programa de clima y energía de Tercera Vía, un think tank de centro-izquierda con sede en Washington.
Estos créditos, denominados de tecnología neutra, pretenden sustituir a las subvenciones anteriores dedicadas a las energías renovables, como la solar y la eólica, y abarcan un conjunto más amplio de posibilidades de producción de energía, como la nuclear, la bioenergía o las centrales eléctricas con capacidad de captura de carbono.
Estas últimas categorías tienen más probabilidades de contar con el apoyo de los republicanos que, por ejemplo, las granjas solares. Pero cualquier política diseñada principalmente para acelerar el abandono de los combustibles fósiles sería probablemente un blanco fácil en una segunda administración Trump, dado el apoyo de la industria al candidato y su oposición ideológica a la acción climática.
Contraataque
Los observadores se apresuran a señalar, sin embargo, que es improbable una derogación total de la LRI, porque lo cierto es que está funcionando.
Según algunos informes, la ley contribuyó a estimular la inversión privada de cientos de miles de millones de dólares en proyectos que podrían crear cerca de 200.000 puestos de trabajo.
Según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Política Medioambiental del MIT, una parte muy importante del dinero se destina a zonas de renta baja y a “comunidades energéticas”; es decir a regiones que antes producían combustibles fósiles.
A medida que aumenta el número de proyectos de energías renovables, instalaciones de procesamiento de minerales, plantas de baterías y fábricas de vehículos eléctricos que aportan puestos de trabajo e ingresos fiscales a los estados rojos, la política en torno a la energía limpia está cambiando, al menos entre bastidores.
Todo ello significa que una parte considerable de los republicanos probablemente se opondrán a cambios más radicales de la LRI, sobre todo si aumentan los costos para las empresas y reducen las probabilidades de que salgan adelante nuevos proyectos, afirma Sasha Mackler, directora ejecutiva del programa de energía del Centro Bipartidista de Políticas, con sede en Washington.
“La mayoría de las desgravaciones fiscales son bastante populares en la industria y en los estados republicanos, que suelen ser el electorado al que escucha el Partido Republicano cuando diseña sus políticas”, afirma Mackler.
“Cuando se empieza a ir más allá de la retórica política y se analizan los créditos fiscales en sí mismos, se encuentran en un terreno mucho más firme de lo que se podría pensar inicialmente leyendo el periódico y viendo lo que se dice en la campaña electoral”, agrega el especialista.
Fuentes de Washington afirman que las empresas dedicadas a las energías limpias y algunas empresas de tecnología climática ya están jugando a la defensiva, insistiendo en la importancia de estas políticas ante los legisladores en vísperas de las elecciones.
Aun así, no hay duda que Trump y los legisladores deseosos de ganarse su favor podrían causar un daño real a la LRI y a las industrias de energía limpia preparadas para beneficiarse de ella. La magnitud del daño dependerá, por supuesto, de lo que consiga deshacer.
Un estudio publicado el año pasado en la revista Science señalaba que, con las ayudas de la LRI a la electricidad limpia, alrededor del 68% de la generación eléctrica del país procedería de fuentes de bajas emisiones en 2030, frente al 54% sin la ley.
El grado de variación de estas previsiones dependerá de cuántas y cuáles de las disposiciones que apoyan el cambio a una energía más limpia consigan eliminar los legisladores. Además de los créditos de tecnología neutra antes mencionados, la LRI también prevé ayudas federales para prolongar la vida útil de las centrales nucleares, desplegar sistemas de almacenamiento de energía y añadir capacidades de captura y almacenamiento de carbono.
Un informe del Rocky Mountain Institute ofrece una pista de lo que está en juego para el sector de los vehículos eléctricos. El grupo de investigación señalaba que las distintas disposiciones de la LRI, combinadas con la propuesta de endurecer las normas sobre los tubos de escape, podrían propulsar hasta un 76% la venta de autos eléctricos
En total, unos 37 millones más de vehículos eléctricos podrían llegar a las carreteras del país de aquí a 2032, eliminando más de 830 millones de toneladas de emisiones del transporte para ese año y 2.400 millones de toneladas para 2040, según el instituto.
La agenda general de Trump
Trump dejó en claro que tiene la intención de obstaculizar los esfuerzos climáticos adicionales y reforzar el sector del petróleo y el gas a través de muchos otros medios, incluyendo potencialmente regulaciones federales, órdenes ejecutivas y acciones del Departamento de Justicia.
También podría eliminar y negarse a sustituir al personal necesario para aplicar y supervisar los programas y la financiación de las agencias federales, y es muy probable que vuelva a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París.
Cuánto de esto logre Trump podría depender, en parte, de lo envalentonado que se sienta al afrontar un segundo mandato, cuando probablemente todavía estaría luchando contra múltiples causas penales en su contra.
También resultar difícil separar los efectos del retroceso de las políticas climáticas de cualquier éxito que logre Trump en la implementación de su agenda política más amplia. Por lo pronto, prometió imponer un arancel del 60% o superior a los productos chinos, así como un “sistema proamericano de aranceles básicos universales a la mayoría de los productos extranjeros.”
En definitiva, los efectos económicos y geopolíticos potencialmente caóticos de tales políticas, en un momento de espiral de conflictos globales, podrían fácilmente eclipsar cualquier consecuencia directa de la alteración de las leyes y regulaciones climáticas, agravando la ya delicada situación frente al aumento global de la temperatura.
(Con información de agencias)
