El cobro de esa tasa tiene como objetivo el financiamiento de un nuevo sistema de control migratorio y el decreto estableció que serán las empresas de transporte marítimo y fluvial las encargadas de retener ese dinero. Según afirmaron Colonia Express y Buquebus, -las principales afectadas-, esto provocará un aumento en sus estructuras de costos, por lo que advirtieron que evalúan aumentar el precio de los pasajes y reducir frecuencias.
Al ser consultado por El Observador respecto a los motivos que llevaron al gobierno a aprobar este decreto, Viera dijo que es una decisión “que tomó el Poder Ejecutivo en base a una necesidad de financiamiento” de un nuevo sistema de control fronterizo “que es imperioso”, pero aclaró que la decisión “escapa” al Ministerio de Turismo.
No obstante, el jerarca reconoció las inquietudes planteadas por Colonia Express y Buquebus y dijo que “sin dudas que (el cobro de la tasa al transporte fluvial y marítimo) afecta e impacta en el turismo”.
De acuerdo con Viera, en la cartera están a la espera de ver cómo “los ministerios que intervinieron en este decreto”, analizan los efectos que pueda tener la nueva normativa.
archivo
Colonia Express
“Vamos a tratar el tema en su nivel y a su momento” dijo el jerarca al ser consultado respecto de la posibilidad de dejar sin efecto esta iniciativa.
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, dijo a El Observador que la cartera “no tuvo nada que ver” con la decisión y que el ministro José Luis Falero “solo firmó el decreto” porque es un tema vinculado al transporte marítimo. “No tuvimos nada que ver, ni en la gestación, ni en el proyecto, ni en nada”, remarcó Olaizola.
Oposición citó a las autoridades al Parlamento
Esta semana, el Frente Amplio resolvió citar al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli; a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; y a Viera para que fundamenten el decreto, según informó La Diaria.
La normativa provocó críticas tanto desde el oficialismo como desde la oposición política. Asimismo, especialistas tributarios señalaron que el cobro de la tasa al turismo fluvial es ilegal, mientras que las empresas de transporte marítimo anunciaron que demandarán al Estado.