Este martes, el periodista Eduardo Preve realizó desde sus redes sociales una denuncia contra el Ministerio del Interior, por encontrarse dentro de una investigación por los documentos expuestos en el caso del vino envenenado.
Preve dijo que: “Armaron una investigación interna para buscar información sobre quién me podía haber pasado info de Inteligencia sobre el acceso ilegal a las escuchas de El Guardián por los vinos envenenados y la investigación derivó en una pesquisa sobre mis fuentes, utilizando datos míos del SGSP, análisis de mis redes, seguidores, etc, para identificar fuentes y está en duda si llegaron a pedir llamadas por las comunicaciones telefónicas”.
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El Observador que se está investigando a los funcionarios por la divulgación de información reservada, lo que se considera una falta grave y la cartera va a llegar “hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes son los funcionarios” que están sacando información hacia afuera.
Documentos Preve
“Los documentos reservados del Ministerio del Interior muestran que utilizaron una investigación interna por una presunta filtración de Inteligencia para realizar una pesquisa sobre un periodista, accediendo a sus datos personales del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (información sensible), con órdenes escritas de analizar sus redes sociales para tratar de ubicar posibles fuentes, pedido de informes sobre cómo acceder a sus comunicaciones telefónicas, Todo sin autorización de Fiscalía ni dar cuenta de ello a un fiscal”, explicó Preve a El Observador. “El ministro del Interior fue informado de la investigación el 9 de noviembre”, agregó.
La investigación está enmarcada en el trabajo vinculado al caso del vino envenenado y el periodista Eduardo Preve quedó en el expediente tras ser quién divulgó la información que provenía de la interna del ministerio. Desde la institución se dice que la investigación es a la filtración y no al periodista.
El protocolo interno de la secretaría de Estado indica que: “Sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondieren, administrativamente se considera “Falta Grave” permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial así como la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales. Teniendo en cuenta este aspecto, en este apartado nos remitiremos a detallar la normativa vigente. Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán obligados a guardar secreto“.
