La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana reveló que un segundo tirador, que era agente de inteligencia, participó en el homicidio del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en 1994, atentado por el que desde entonces ha estado en prisión el asesino confeso, Mario Aburto, sentenciado a 45 años.
“Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio ‘S’, agente del CISEN (Centro Nacional de Inteligencia) asignado a cubrir al candidato presidencial”, estableció la Fiscalía en un comunicado este 29 de enero.
El desaparecido CISEN fue reemplazado en 2018 por el Centro Nacional de Inteligencia, luego de que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador.
La FGR recurrirá al procedimiento de apelación, luego de que un juez denegó una orden aprehensión solicitada en contra del denominado “segundo tirador”.
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El señalado fue liberado en el marco de las investigaciones realizadas hace 30 años y podría involucrar al exfuncionario Genaro García Luna, entonces agente de inteligencia y quien llegó a ser titular federal de Seguridad entre 2006 y 2012.
García Luna ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos, donde ha sido procesado por asociación con el narcotraficante Cártel de Sinaloa y espera audiencia para recibir sentencia.
“Es un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro ‘G’, quien era subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana”, al agente involucrado, acusó la Fiscalía.
El asesino confeso fue juzgado con base en el Código Penal Federal. que contemplaba 45 años de cárcel debido a que la víctima era el candidato a la presidencia por el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Nuevas pruebas
Las nuevas pruebas presentadas por la FGR en contra del agente de inteligencia identificado como Jorge Antonio ‘S’ demostrarían su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre los disparos que impactaron en Colosio, uno en la cabeza —atribuido a Aburto— y otro en el abdomen.
“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima”, señala pronunciamiento de la institución de procuración de justicia.
Según las pruebas de rodizonato de sodio para rastrear restos de metales o pólvora en las manos del acusado, se identificó que “en ese lapso disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”.
Un gran número de testimonios señalan al acusado de ser un segundo tirador “en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”, según la Fiscalía.
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Otros testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima.
“También se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, dice la imputación.
Un video que registró el primer disparo ejecutado por Mario Aburto, asesino confeso, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo.
El nuevo acusado “se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse” en el video, indican los fiscales.
Además, no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba el denominado “segundo tirador”, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.
La Fiscalía realizará un procedimiento de apelación y “actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad”, como el que se cometió en contra de la vida del entonces aspirante presidencial.
Por su parte, Aburto pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se le aplique retroactivamente el Código Penal de Baja California (estado del noroeste en que ocurrió el magnicidio) en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, que establece una pena máxima de 30 años, la cual se cumpliría este 2024.
(Con información de agencias)
