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Después de reclamar al Casmu el “inmediato reintegro” del médico Álvaro Niggemeyer, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se reunió con la mutualista este lunes.
Sin embargo, en un comunicado firmado por sus autoridades después del encuentro, el Casmu ratificó que “la expulsión del ex técnico 40004 (Dr Alvaro Niggemeyer) se concretó en mérito a las normas estatutarias y reglamentarias que rigen la Institución, motivado por conductas que causaron y continúan causando un grave daño a la misma”.
Niggemeyer, integrante del Consejo Directivo de la mutualista, fue expulsado como socio y luego despedido como profesional tras haber criticado la gestión del presidente Raúl Rodríguez y apuntado a una crisis financiera de la institución.
El sindicato había calificado el despido como “injusto, arbitrario y abusivo”. También describió situaciones de “acoso y violencia laboral” en otras áreas de la mutualista, independientemente de la situación de Niggemeyer.
El sindicato señaló, días antes, que Casmu es “una institución fundamental del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), por su historia, el número de usuarios que asiste y la calidad técnica de sus funcionarios médicos y no médicos, lo que implicaría un riesgo enorme para todo el sistema su debilitamiento dado por una modalidad autocrática, poco democrática, agresiva e incomprensible”.
También se resolvió declarar “en conflicto” los cargos de médicos del Casmu que están afiliados al sindicato, convocar a una asamblea general el martes 6 de febrero y solicitar a los funcionarios de la mutualista que “sientan presión, persecución y/o acoso” que denuncien la situación ante el SMU.
La mutualista indicó en el citado comunicado de este lunes que “se desconoce y rechaza toda acusación infundada en relación a situaciones de acoso laboral dentro de la Institución”.
Además, sostuvo que las declaraciones del SMU “perjudican a CASMU IAMPP, al promover la pérdida de confianza por parte de sus afiliados y proveedores, con las graves consecuencias que ello genera para una institución de estas características”.
“Se observa con profunda preocupación declaraciones públicas de algunos actores políticos y de algunas sociedades científicas basadas en un relato construido sin previa validación de datos, lo que consideramos puede generar un daño para la Institución”, añade el texto.