En una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Uruguayo se comprometió este viernes a modificar la legislación que separa nacionalidad de ciudadanía y que genera conflictos en migrantes que son ciudadanos legales del país pero no son reconocidos como uruguayos.
¿Cuál es el conflicto por el que el Estado debe cambiar la legislación? Según la organización demandante, Todos Somos Uruguayos aproximadamente unas 20 mil personas son ciudadanos legales uruguayos. Es decir, no nacieron en el país ni tienen padres o abuelos uruguayos (ahí serían ciudadanos naturales) pero sí cumplieron los plazos para tener cédula y pasaporte uruguayo. Es decir, hacen trámites, votan, tienen derecho a seguridad social y cumplen con las obligaciones.
Pero eso no significa que esas personas tengan la nacionalidad uruguaya. Es decir, en el pasaporte uruguayo la nacionalidad que les aparece es la de su país de origen. Y eso en la práctica genera dificultades. Por ejemplo, puede suceder que para viajar a Argentina, aunque tengan cédula y pasaporte uruguayo, no puedan hacerlo con la cédula y sean demorados en Migraciones. O que su país de origen tenga dificultades diplomáticas con un país determinado y también sean demorados a la hora de viajar. Pero más allá de los problemas prácticos, el tema de fondo es claro: no son reconocidos como uruguayos.
En julio de 2023, El Observador contó dos casos que fueron paradigma para esta audiencia en la que Uruguay se comprometió a cambiar la legislación. Uno es Gulnor, quien vive hace más de dos décadas en Uruguay y que cuando cuando renovó su pasaporte uruguayo, en el campo que indica la nacionalidad, los oficiales de Identificación Civil le pusieron “Tayikistán”, el país en el que ella nació. Pero para Tayikistán, Gulnor dejó de ser tayika —como le dicen a los oriundos de allí— el día en que ella obtuvo la ciudadanía legal uruguaya. No es que exista un conflicto entre ambos países, sino que, como ocurre en al menos 27 Estados, no se acepta la doble nacionalidad
“Me siento en un limbo en el que soy de dos lugares, pero no soy de ninguno a la vez… es como si tuviera un padre y una madre que ninguno me reconoce como su hija legítima”, decía a El Observador.
El caso de Almar es todavía peor. Nació en India, comenzó a viajar y se terminó quedando en Uruguay luego de finalizar sus estudios. El problema de su historia llegó cuando en el pasaporte no le reconocieron ninguna nacionalidad, porque India no permite que se use su nacionalidad en pasaportes extranjeros y Uruguay no se la concedió por ser un simple ciudadano legal. Quedó apátrida
En esta audiencia, el Estado Uruguayo se comprometió en avanzar con la legislación. Lo primero que se anunció fue una reunión entre el Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el pasaporte no quede determinada la nacionalidad. Eso se trataría de un trámite administrativo y no requeriría de más pasos. Pero para solucionar el problema de fondo y reconocerles la nacionalidad uruguaya a los ciudadanos legales sí se requieren mecanismos constitucionales.
Uno es hacer una ley interpretativa de la normativa constitucional, otra realizar un plebiscito para modificarla la Constitución y otra sentar jurisprudencia teniendo en cuenta que la normativa internacional a la que Uruguay adhiere en materia de Derechos Humanos está por encima de las legislaciones locales.
En la audiencia, la argentina Andrea Pochak, comisionada de la CIDH y relatora para Uruguay señaló que el tema iba más allá del derecho constitucional. “No dejemos el tema en mano de los constitucionalistas. Las dogmáticas constitucionalistas muchas veces colisionan con los derechos humanos fundamentales”, aseguró. “La interpretación del derecho internacional de los derechos humanos es categórica y no admite interpretaciones constitucionales regresivas”, agregó.
Por su parte, el representante de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, señaló que el concepto de “naturalización” es un concepto que se está incorporando recientemente porque en Uruguay “el inmigrante nunca fue inmigrante”. “Siempre fue uno más, el inmigrante nunca tuvo distancia, es una sociedad hija de inmigrantes. Lo que pasa es que las sociedades han avanzado y las legislaciones en materia de nacionalidad son sustanciales“, aseguró.
“Confieso que hay que hacer un recorrido en torno a interpretaciones modernas sin forzar la Constitución, haciendo interpretaciones con mirada integradora. El gobierno lo tiene claro“, agregó. “Somos optimistas porque creemos que las cosas se pueden resolver cuando hay actitud, buen talante. Tenemos que ir desabrochando la secuencia de problemas. Lo primero es el campo del pasaporte y lo otro es ir convocando un territorio a ver cuál es la zona exacta de consenso que tenemos”.