Con el primer aumento desde abril pasado, la garrafa de 13 kg aumentó 130 pesos y pasó a tener un costo de 953,55 pesos. Mientras que los beneficiarios del descuento del 50% que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tienen un costo de recarga actualizado de 475 pesos.
El subsidio en el supergás
La tarifa del supergás está fuertemente subsidiada desde hace años en el país y se ofrece al mismo precio a todo público —con la excepción del descuento del Mides—, lo que hace que Ancap resigne ingresos para mantener los precios a contramano de los costos. Considerando que buena parte de este ente energético es importado y depende del precio internacional del petróleo, el total del costo final subsidiado fue de 88 millones de dólares.
Por eso —y dentro de un marco de revisión general del mercado de combustibles—, el Poder Ejecutivo busca concentrar el subsidio en la población de menores recursos, pasando de un subsidio al producto a un subsidio de parte de la demanda. Y, al mismo tiempo, ir “sincerando” los precios de manera progresiva que, aún en febrero, quedaron por debajo de lo recomendado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en función de los precios de referencia.
El escenario en el sector eléctrico
En cuanto a la energía eléctrica, desde enero se dispuso un ajuste del 26% en la Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCB) que comercializa UTE, muy por encima del aumento promedio del 3,5%.
Esta tarifa es fuertemente subsidiada, y ya durante el 2022 había tenido modificaciones al eliminarse la posibilidad de ingreso para nuevos usuarios. En esta ocasión, se trabajó directamente sobre el precio que, durante los últimos años, fue entre un 35% y un 45% más barato que la tarifa Residencial Simple.
Esta nueva medida busca adecuar el esquema tarifario para que exista mayor equidad en los precios, y que, por ejemplo, los usuarios que hoy tienen Residencial Simple no terminen subvencionando a los que están en la TCB sin necesitarlo, como han planteado desde la empresa. Para el MIEM, además, la TCB tiene un subsidio “mal diseñado e injusto”, ya que no se aplicó en función de los ingresos de los clientes, sino del nivel de consumo. En su lugar, el gobierno promueve el Bono Social, operativo desde el 2022.
“Haremos converger a los usuarios que pueden pagar hacia valores más equitativos. Los usuarios vulnerables migran al Bono Social, y se sube 100 pesos el cargo fijo para quienes quedan en la TCB, por no ser de la población objetivo”, sostuvo Paganini al respecto, y consideró que “este gobierno busca focalizar los subsidios en las poblaciones vulnerables, evitando situaciones donde todos, vulnerables o no , pagan el producto por debajo de los costos”.