Uruguay dará hoy el primer paso para sancionar el proyecto de despenalizacion de la eutanasia y el suicidio asistido

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Se trata de una iniciativa que, por sus características, solo requiere mayoría simple de los presentes. En el caso de que estén los 99 legisladores en sala al momento de la definición, bastará con que 50 levanten la mano. 

El mayor apoyo provendrá del Frente Amplio que, según señalaron a El Observador fuentes de esa bancada, cuenta con 41 votos asegurados. La excepción la constituye el diputado Álvaro Lima, que había presentado hace tiempo su voluntad de no votar el proyecto ante un reparo de conciencia que sus compañeros consideraron “absolutamente atendible”. 

De los 13 diputados colorados, en esa colectividad se cuenta con diez votos aprobando el proyecto.  Las excepciones serán Jorge Alvear, Martín Melazzi y Omar Estévez.

Están dispuestos a aprobar la iniciativa además el diputado Iván Posada (Partido Independiente) y el representante del Partido de la Gente, ya sea Daniel Peña – en reposo por una enfermedad-o su suplente. 

Pero también se sumarán a esta postura un grupo importante de diputados del Partido Nacional, una formación política en donde el rechazo a la despenalización de la eutanasia es mayoritario. A Gonzalo Mujica – que adelantó hace tiempo su voto afirmativo – se le agregarán según fuentes de la bancada entre cinco y siete legisladores más.

En el único lema en el que habrá unanimidad será Cabildo Abierto. Entre los liderados por Guido Manini Ríos habrá también libertad de acción, según una definición tomada a principios de agosto. Sin embargo, los 11 diputados cabildantes rechazarán el proyecto. “Fue una decisión totalmente libre”, había asegurado a El Observador la diputada Silvana Pérez Bonavita. “En la bancada contamos con el mismo sentido común y compartimos ciertos valores, que hacen que hayamos llegado a esta decisión en forma unánime”, señaló.

Una cuestión de derechos

El informe en mayoría que recomienda aprobar la ley aparece firmado por la diputada colorada Nibia Reisch y las frenteamplistas Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg. Allí se habla de que el proyecto de ley tiene el objetivo de “regular y garantizar el derecho a las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir”. Está dirigido a todas aquellas personas mayores de edad y psíquicamente aptas que padezcan una o más patologías crónicas, incurables e irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables. 

Así, tendrán “derecho”, a su pedido y según el procedimiento previsto, a que se practique la eutanasia para que su muerte se produzca “de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”. El proyecto, al que accedió El Observador, fusiona otras dos iniciativas que, entre 2020 y 2021 habían presentado el diputado colorado Ope Pasquet y la bancada del Frente Amplio. Establece “garantías concretas” para pacientes, médicos y otros actores involucrados en el proceso asistencial. Se busca – según se afirma – asegurar la libertad, la dignidad y la ausencia de presiones de cualquier tipo a la hora de evaluar la práctica de este procedimiento. 

Todo a través de 12 artículos, que prevén la propia definición de eutanasia y todo el mecanismo previsto para acceder a esta práctica. También se deja en claro que la declaración de voluntad final siempre será revocable.

Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) quedarán obligadas a garantizar la prestación de este servicio una vez esté vigente, mientras que los médicos tendrán garantizado su derecho a la objeción de conciencia y así proceder de acuerdo a sus creencias, filosofías y valores. Los profesionales que sí accedan a asistir en el procedimiento quedarán exonerados de toda responsabilidad civil, penal o de cualquier índole. 

A su vez, y al consagrarse el derecho de las personas a morir con dignidad, la propia ley derogará el polémico artículo 46 del Código de Ética Médica, que refiere a la eutanasia como “contraria a la ética la profesión y que, hasta hoy, permite una inhabilitación de hasta diez años para su ejercicio en caso de asistir a este procedimiento.

Libertad sin opción

El informe en minoría aparece firmado por los diputados nacionalistas Alfredo De Mattos y Rodrigo Goñi, junto a Pérez Bonavita (Cabildo Abierto). Se trata de un texto de 39 páginas en el que se advierte que la eventual ley significará un “cambio radical” en la sociedad uruguaya que, dicen, lejos estará de significar un avance en derecho. 

“Todos coincidimos en querer que las personas puedan transcurrir el final de sus vidas en paz y sin dolor”, se afirma. “La diferencia son los medios convenientes para lograrlo”. Y la diferencia que subrayan es en el concepto de dignidad. Allí, se rechaza la dicotomía entre “sufrir y morir”.

El informe opositor a la legalización de la eutanasia observa que, mientras la ley de Cuidados Paliativos no esté vigente y esa posibilidad no sea universal, a quienes no puedan acceder a ella “solo se les ofrecerá provocarles la muerte”. Será, afirman, una “libertad sin opción”, ya que hoy, y según cifras oficiales, la mitad de la población uruguaya carece de acceso a cuidados paliativos. 

El informe cita afirmaciones de la oncóloga y paliativista Ana Guedes ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Basada en su experiencia en la “atención de 8 mil enfermos”, la profesional señaló que el deseo de adelantar la muerte se presenta en un 25% a 30% de los pacientes. La atención integral del sufrimiento clínico, indica, logra bajar la carga de sufrimiento total o parcial a niveles tratables y reversibles en el 95% de los casos.

Así, en un total de 30 mil personas que en Uruguay requieren cuidados paliativos -según Salud Pública , unas 10 mil presentarían deseos de adelantar su muerte, pero 9.500 revertirían esa decisión si acceden a una atención integral. “De legalizarse la eutanasia, estas 9.500 vidas se arriesgarían a ser empujadas hacia la misma, nunca podrían llegar a recibir la atención y no verían revertido su deseo de una muerte anticipada”, se concluye. 

Siguiendo con la cita a esa profesional, se indica que además se estaría “poniendo en riesgo” a las más de 22 mil personas que todos los años intentan suicidarse en Uruguay, “que podrían acogerse a la ley alegando un sufrimiento insoportable”.

Además de cuestionar la “amplitud” de situaciones que posibilitarían acceder a la eutanasia, estos diputados afirman que el proyecto carece de garantías suficientes para el paciente, al “ofrecerle” al médico el “poder de decidir que una persona debe morir”, al protegerlo legalmente. “Le brinda una cobertura legal perfecta, ya que la única persona que sabría si ha infringido la ley es la persona que murió”. 

“Lo más grave es que, procurando satisfacer pedidos excepcionales, se propone ofrecer la muerte anticipada como una opción institucionalizada, lo que a juzgar por la experiencia internacional terminará por promover y estimular una demanda hoy casi inexistente”, se asegura. “El derecho no solo transforma estructuras jurídicas sino que crea cultura, cambia la mentalidad de lo que es deseable y lo que no, lo que ha de ser comprendido como un derecho y por lo tanto un bien a proteger”. 

De aprobarse la ley, señalan los firmantes del informe en minoría, se “creará demanda”, dada la incidencia de “tendencias individualistas” y “utilitaristas que configuran un campo propicio para visualizar al enfermo como una carga y priorizar la ecuación económica por sobre la calidad de vida. “Se normalizaría una solución rápida para liberarse de las cargas que implican los cuidados de la salud en enfermedades graves e incurables”, se afirma. 

Se tratará, se insiste, de un cambio que generará que las mismas “víctimas” que soliciten acceder a la eutanasia serán presentadas en forma perversa como “héroes que deciden renunciar a vivir” como muestra de autodeterminación, pero que lo harán empujados por una sociedad “que primero comenzó diciéndoles que era su derecho y ahora lo ha convertido en un mandato social para quienes ya no son productivos”. 

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