Sobre la una de la mañana de este lunes, tres efectivos de la Policía buscaban en las inmediaciones del Marconi a un individuo con antecedentes y presunto autor de una rapiña. Cuando lo vieron, pidieron apoyo y comienzan a seguirlo para identificarlo y ver si efectivamente se trataba de él o no.
En determinado momento lo pierden de vista y vuelven sobre sus propios pasos. Cuando iban caminando por la calle Guarapirú, cuatro individuos comenzaron a dispararles por la espalda y una de esas balas da en la espalda del policía Alexis Meireles.
La bala ingresó por la zona lumbar inferior y salió por el segundo espacio intercostal. De los cuatro que dispararon dos se dieron a la fuga por las calles del barrio y no lograron ser detenidos mientras que otros dos ingresaron en un domicilio cercano.
Ese fue el relato que el fiscal de Homicidios Carlos Negro realizó este martes en la audiencia en la que la Justicia imputó por el delito de homicidio muy especialmente agravado por ser a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones a dos jóvenes de 22 y 20 años que, según el relato del fiscal, fueron los que ingresaron al domicilio mencionado.
La versión que brindó el fiscal, por el recorrido de la bala relatado, coincide con lo planteado por el Ministerio del Interior de que el efectivo tenía el chaleco antibalas puesto.
La fiscalía utilizó el testimonio de dos testigos reservados que no se conocen entre sí, el relato de los efectivos que estuvieron con Meireles en el lugar y la nueva tecnología incorporada por el Ministerio del Interior para identificar de dónde vienen los disparos, conocida como Shotspotter.
Se trata de un software que permite, a través de micrófonos colocados en dos cuadrantes de Montevideo, identificar disparos y saber de donde vienen.
Con esos elementos la fiscalía reconstruyó los hechos sucedidos en la madrugada del lunes. Las dos personas imputadas fueron detenidas en esa misma residencia el martes sobre las 17:00 con una orden de allanamiento.
“Teníamos un bagaje de evidencia importante”, dijo Negro en rueda de prensa tras la audiencia.
El primero había salido de la cárcel hace 3 meses según declaró en la audiencia que presenció El Observador. El otro no tenía antecedentes penales. Ambos relataron malos tratos de la policía cuando fueron detenidos pero no presentaron denuncia.
El fiscal justificó además su pedido de prisión preventiva de 180 días, hasta el 5 de agosto, por la posibilidad de que los implicados amedrenten a testigos, ya que viven en la zona y pueden conocer a gente que haya presenciado los hechos.
Además, explicó Negro, que este tipo de agravante, planteado en la Ley de Urgente Consideración, obliga a los fiscales a pedir la prisión preventiva.
La defensa
La abogada defensora no se opuso a los pedidos de la fiscalía, que fueron aceptadas por la jueza Marcela Vargas, pero lo que sí pidió es que los imputados fueran recluidos fuera de Montevideo debido a la jurisdicción donde trabajaba quién fue asesinado.
La abogada defensora entiende que la integridad física está en peligro debido a que la víctima era un agente policial. Sin embargo, el fiscal descartó “plantear la suspicacia” de que el Estado pueda cometer un delito por lo que no le pareció motivo suficiente para concordar con el pedido de la defensa.
La jueza rechazó el pedido de la defensa pero aseguró que iban a proteger la seguridad de los imputados.
