En un evento en Montevideo, el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó este jueves su programa de gobierno. El trabajo fue coordinado por el economista Agustín Iturralde, está dividido en siete ejes, y plantea la construcción de un “segundo piso de transformaciones” a partir de los cimientos y el primer piso que construyó el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Durante el evento, tanto Delgado como Iturralde reseñaron algunas de las propuestas que forman parte del extenso documento de 176 páginas.
“Gracias al camino recorrido en estos años, hoy nuestro país puede plantearse nuevos objetivos más ambiciosos”, se lee en el comienzo. El programa detalla que Uruguay está “a mitad de camino: tenemos una calidad democrática y una estabilidad institucional asimilable a la de un país desarrollado, pero indicadores económicos y sociales que nos separa por mucho de ese horizonte”.
El primero de los ejes, denominado un salto de competitividad, se propone bajar la inflación al 3%, desarrollar una agenda pro-competencia que permita bajar el precio de combustibles, alimentos y productos de higiene personal, y modernizar las relaciones laborales y mejorar las políticas de empleo.
En este sentido, el programa reitera la intención de desmonopolizar los combustibles, una iniciativa que estaba en el programa de Luis Lacalle Pou, pero que quedó por fuera por diferencias en la coalición.
También propone reducir la cantidad de empleados públicos a razón de 1% anual lo que permitiría tener “15.000 vínculos laborales con el Estado menos al final del quinquenio”.
El segundo eje que lleva el nombre de “un Uruguay más global” incluye cambios en la institucionalidad de la política comercial pasando a denominar a la Cancillería como Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores. También plantea seguir con la estrategia de apertura de mercados y avanzar en la apertura unilateral.
Entre las propuestas específicas, menciona que se priorizará la habilitación de, al menos una aerolínea que certifique aeronaves en nuestro país y opere con bandera uruguaya, de manera de “ocupar las frecuencias que Uruguay tiene asignadas en los acuerdos bilaterales con otros países”.
En materia de infraestructura, el programa plantea “avanzar” con las vías rápidas, seguir desarrollando el transporte por tren para llegar a Salto, Rivera y Río Branco, concretar el proyecto Tren-Tram que unirá la Plaza Independencia con Ciudad de la Costa y utilizar Ferrocarril Central para “tren de cercanías metropolitano”.
A su vez, menciona que procesará la reformulación del proyecto de represa en Casupá explorando “alternativas de financiamiento y construcción”. “Asegurar una fuente de agua a ser potabilizada por la planta de Aguas Corrientes que logre superar futuras crisis hídricas, atendiendo el cambio climático y el aumento de la población del área metropolitana”, dice.
El documento destina el cuarto de los apartados a dar un “salto de bienestar” y menciona a la primera infancia como una “prioridad absoluta” tanto política como presupuestal y subraya la necesidad de abordar el “desafío demográfico”.
“El compromiso del Estado en la implementación de políticas públicas centradas en la primera infancia no solo contribuye al bienestar individual y familiar, sino que también sienta las bases para una sociedad más equitativa y resiliente en el futuro”, señala el texto.
En materia de seguridad, las propuestas suponen crear una unidad “antimafia” que permita combatir al narcotráfico siguiendo el modelo italiano y profundizar los trabajos con cárceles y liberados.
Específicamente, habla de crear un delito específico por la integración a un grupo criminal; agravar penas según la cantidad de sustancias prohibidas incautadas; incluir en la tipificación de homicidios muy especialmente agravados a quienes actúen por “venganza o disputas de cualquier tipo entre bandas criminales”.
El sexto eje plantea profundizar la transformación educativa aumentando los Centros María Espínola en contextos vulnerables, acercar la educación al mundo del empleo y seguir impulsando la innovación, la ciencia y la tecnología como ejes de desarrollo.
El último punto, denominado un Estado más simple, incluye crear la figura de gerente de proyectos en Presidencia que lidere la ejecución de las acciones estratégicas que requieren coordinación interinstitucional.
“Aprobar bajo un régimen simplificado (aprobación ficta sujeta a control aleatorio o posterior) aquellos proyectos con tipologías definidas como de menor riesgo y en los que sea posible llevar a cabo el control posterior de ejecución de manera efectiva por los organismos competentes”, es una de las propuestas.
