El PIT-CNT se movilizó este miércoles frente a la Embajada Argentina en apoyo al paro nacional que convocaron los trabajadores de Argentina y en contra de las medidas que tomó el presidente Javier Milei.
La central sindical le entregó al embajador argentino una carta donde se comunica el apoyo al paro nacional convocado por las centrales sindicales argentinas, CGT, CTA-T y CTA-A, este martes en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus”.
Según la carta, estos “violan los principios de división de poderes, los principios democráticos y el correcto funcionamiento de las instituciones y la norma constitucional”.
Inés Guimaraens
También sostiene que el DNU 70/23 “impone fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga y a la realización de asambleas sindicales; amplía el período de prueba de 3 a 8 meses; permite desregular la jornada laboral y se modifica la regulación de las horas extras; facilita la tercerización y la intermediación laboral; reduce la indemnización por despido; debilita la ley de contrato de trabajo al reducir su aplicabilidad; elimina multas por empleo no registrado y por la falta de pago de las indemnizaciones”.
El texto resalta que “la ley ómnibus” incluye “una modificación del Código Penal que lleva la criminalización de la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar, entre las medidas claramente destinadas a limitar la acción sindical”.
Inés Guimaraens
Por lo tanto, las organizaciones sindicales manifestaron su “profundo rechazo a las medidas que el gobierno ha impuesto contra la clase trabajadora y los sindicatos, además de configurar un antecedente regional en materia de una clara violación a los derechos laborales, sociales y sindicales”.
“Por lo tanto, peticionamos al gobierno argentino que priorice de manera urgente el diálogo social amplio y democrático para analizar y definir las mejores medidas que incluyan y promuevan la participación del pueblo argentino”, continúa la carta.
Finalmente, pide a las “autoridades argentinas (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial) que revean todas aquellas medidas del DNU que vulneran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que contravienen normas constitucionales y las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por Argentina”.
