En un programa de gobierno en que las propuestas más polémicas, como la eliminación del Liceo Militar, quedaron apartadas para más adelante, el Frente Amplio marca de todos modos una impronta clara hacia las Fuerzas Armadas, y en especial hacia su rol en la historia reciente del país.
El texto de 107 páginas ratificado semanas atrás por el Plenario de la coalición de izquierda incluye entre sus medidas de gobierno la intención de “sancionar la injerencia indebida en temas políticos y/o los comportamientos de militares en actividad que reivindiquen lo actuado en la última dictadura cívico militar”.
El programa envía un mensaje claro, por un lado, ante sus más recientes antecedentes en el poder, cuando Tabaré Vázquez debió determinar el arresto a rigor del entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, luego de que arremetiera contra el Ministerio de Trabajo en el marco de las reformas de la caja militar.
Vázquez terminó cesando a Manini Ríos luego de recibir un escrito en que planteaba sus críticas a la Justicia por los procesamientos a militares a raíz de hechos acontecidos durante la dictadura cívico-militar.
Por otro lado, marca la cancha en el relacionamiento con las Fuerzas Armadas, luego de que el actual comandante en Jefe, Mario Stevenazzi, apuntara en la revista oficial del Ejército que su fuerza no se quedaría callado ante las opiniones contrarias, en especial “cuando se mienta o se ofenda a la fuerza”, tal como consignó el semanario Búsqueda en enero.
Los cruces de declaraciones habían llevado en ese entonces al todavía ministro de Defensa, Javier García, a denunciar por difamación e injurias al exdiputado del PVP, Luis Puig, quien había referido en Esta boca es mía a “prácticas” entre alumnos que habían conducido “a denuncias muy graves en materia de violación de derechos humanos”.
Analizar reparaciones
El programa del Frente Amplio también plantea “definir medidas reparatorias (simbólicas, económicas, de salud mental, entre otras) para las mujeres, mujeres afro racializadas y disidencias” que hayan sido “víctimas de torturas y violaciones durante el terrorismo de Estado”, además de “víctimas del racismo y la discriminación racial persistente”.
Por otro lado, la coalición de izquierda redactó que se va a “considerar la extensión de la pensión por reparación histórica a las mujeres exiliadas políticas sin condena propia, cuyas parejas fueron obligadas a irse del país”.
En otro plano, aunque no vinculado a la historia reciente, el Frente propone “estudiar iniciativas de reparación histórica de la comunidad afrouruguaya e indígena, así como el reconocimiento del Estado uruguayo como país multicultural”.
