Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes están instando al Congreso de Estados Unidos a rechazar la legislación bipartidista acordada en el Senado este domingo porque debilitaría gravemente las protecciones de asilo, ampliaría la capacidad de detención de inmigrantes y otorgaría al presidente la autoridad para cerrar efectivamente los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México bajo ciertas condiciones, poder que el presidente Joe Biden prometió usar inmediatamente si fuera necesario.
Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión por las Libertades Civiles en América (ACLU), dijo que los legisladores deben garantizar que esto nunca suceda, advirtiendo que la promulgación del proyecto de ley “destruiría protecciones de asilo de larga data” e instituiría “variaciones del manual de Stephen Miller”, una referencia al xenófobo asesor de la Casa Blanca del ex presidente Donald Trump.
“La deportación sin el debido proceso fue el experimento desastroso de la administración Trump que nunca debería repetirse, y mucho menos usarse como modelo para una política fronteriza permanente”, dijo Romero. “Este acuerdo obligaría al gobierno a expulsar sumariamente a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para las personas que más las necesitan”, añadió.
Romero señaló también que “eliminar protecciones fundamentales y de larga data del debido proceso, como la revisión judicial de los casos de asilo, y redoblar las perjudiciales políticas de disuasión y detención no dará a las ciudades y los estados el apoyo que necesitan, ni son un sustituto de las políticas que mejorarían la gestión fronteriza y abordarían la acumulación de casos de inmigración”.
Como señaló en una nota The Washington Post, los últimos meses de conversaciones relacionadas con la frontera “han sido inusuales, dado que los esfuerzos pasados por una reforma migratoria bipartidista incluyeron discusiones sobre la provisión de vías hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que ya viven en el país exigidas por los demócratas, además de endurecer restricciones fronterizas.”
Durante las negociaciones sobre el nuevo paquete nunca estuvo sobre la mesa un camino hacia la ciudadanía. En cambio, como señaló Ryan Grim de The Intercept, los demócratas del Senado concedieron algunas de las demandas antiinmigrantes del Partido Republicano a cambio de ayuda militar para Ucrania e Israel.
El proyecto de ley de 370 páginas incluye más de US$ 60 mil millones en ayuda militar para Ucrania y alrededor de US$ 14 mil millones para Israel.
El analista de políticas de inmigración Adam Isacson observó en un breve análisis de la legislación que incluye “muchos de los límites controvertidos al acceso al asilo que ya habían sido informados en los medios”.
El proyecto de ley, observó, requeriría que los solicitantes de asilo colocados en el proceso de “expulsión acelerada” “cumplieran con un estándar mucho más alto de ‘miedo creíble’ en las entrevistas de selección con los funcionarios de asilo”, lo que plantea la posibilidad de que muchas personas sean devueltas a lugares con circunstancias amenazantes.
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El senador James Lankford (republicano por Oklahoma), principal negociador republicano del proyecto de ley, calificó los cambios de asilo de la medida como “dramáticos”.
El nuevo proyecto de ley también “permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) imponer una autoridad de expulsión similar al Título 42, ‘expulsando sumariamente’ a los solicitantes de asilo de los Estados Unidos (a excepción de las apelaciones difíciles de probar de la Convención Contra la Tortura), cuando los encuentros con inmigrantes no autorizados alcanzan un umbral diario”, añadió Isacson.
Además de la nueva autoridad discrecional, el proyecto de ley requeriría que el DHS cerrara en su mayor parte el proceso de asilo si un promedio de 5.000 personas o más llegan a la frontera sur por día durante un período de siete días.
Kica Matos, presidente del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo en una declaración que la legislación “no vale el increíble precio que exigiría: más familias separadas, más niños detenidos y más personas enviadas de regreso para enfrentar persecución, tortura e incluso la muerte.”
“En lugar de promulgar políticas draconianas que crean más caos”, continuó Matos, “instamos a los demócratas de la Casa Blanca y del Senado a cambiar de rumbo, rechazar este marco y volver a comprometerse a construir un sistema de inmigración ordenado, humano y funcional”.
El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) urgió de manera similar a los miembros del Congreso que se opusieran al acuerdo, calificándolo de “un intento vergonzoso de postura política que trata las vidas de los refugiados como prescindibles”.
“Si este proyecto de ley se aprueba, marcará una completa abdicación de los compromisos legales y morales de Estados Unidos con los refugiados y una sorprendente traición a la promesa del presidente Biden de restaurar nuestro ‘papel histórico como refugio seguro’ para quienes escapan de la persecución”, dijo CGRS director jurídico Blaine Bookey.
“Esto equivaldrá a una sentencia de muerte para muchas personas que buscan refugio en Estados Unidos. Imploramos a la administración Biden que cambie de rumbo e instamos a los legisladores a oponerse a este acuerdo”, destacó.
Por otra parte, la representante demócrata por Washington Pramila Jayapal, presidenta del grupo progresista del Congreso de aproximadamente 100 miembros, dijo que el proyecto de ley “incluye disposiciones de píldoras venenosas, como una nueva autoridad de expulsión similar al Título 42 que cerrará la frontera y rechazará a los solicitantes de asilo sin debido proceso, una bendición para los carteles (de traficantes de personas, N. del R.) que se aprovechan de los inmigrantes”.
“Mientras Donald Trump dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país’, los republicanos en el Congreso continúan admitiendo abiertamente que preferirían la política de un sistema de inmigración fallido a un proceso justo y funcional”, continuó Jayapal. “Los demócratas han cedido a estos puntos de vista extremistas una y otra vez durante 30 años (…) parece que el presidente Biden y los demócratas del Senado han vuelto a caer en la misma trampa”, sentenció la legisladora.
Si bien la Casa Blanca y los principales senadores republicanos y demócratas se han alineado detrás del proyecto de ley, sus perspectivas siguen siendo muy inciertas tanto en la cámara alta como en la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano. En una publicación en las redes sociales el domingo por la noche, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el proyecto de ley estará “muerto al llegar” si llega a la cámara baja.
Incluso si el proyecto de ley finalmente no se convierte en ley, los observadores advirtieron que el acuerdo del Senado podría causar un daño duradero a los esfuerzos por crear un sistema de inmigración humano.
(Con información de agencias)
