Una delegación de dos organizaciones internacionales de prensa visita Guatemala para analizar la situación que vienen enfrentando los periodistas locales en los últimos años por acciones de la Fiscalía, informaron este jueves ambas agrupaciones.
En un comunicado conjunto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dijeron que “el objetivo principal de la misión es abordar la compleja situación que enfrentan los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su labor informativa”.
Según el comunicado, tanto “la SIP como el CPJ y otras organizaciones internacionales documentaron la persecución judicial contra los periodistas críticos” emprendida por la Fiscalía bajo el gobierno predecesor del presidente derechista Alejandro Giammattei.
Esa situación “obligó a huir del país a un grupo de periodistas por temor a las represalias y detenciones arbitrarias”, agregó el comunicado.
La delegación encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa de la CPJ, Carlos Martínez de la Serna, se reunirá con el nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, este mismo jueves.
Además, los enviados de la SIP y CPJ sostendrán encuentros con responsables de los medios locales, el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema, Oscar Cruz.
También tiene previsto visitar en prisión al periodista José Rubén Zamora, fundador del extinto medio El Periódico, encarcelado desde julio de 2022 por una acusación de lavado de dinero, que gremios de prensa atribuyen a una persecución por su trabajo periodístico.
Zamora fue condenado a seis años de cárcel el 14 de junio de 2023, pero en octubre un tribunal de apelaciones anuló la condena y ordenó un nuevo juicio, que comenzará el próximo 5 de febrero.
Arévalo asumió el poder hace 10 días tras meses de intensa persecución impulsada por la fiscal general Consuelo Porras, la misma que hostiga a periodistas y exmagistrados, y quien se aferra a mantenerse en su cargo a pesar de los pedidos del nuevo mandatario socialdemócrata para que renuncie.
Desde que Porras asumió el cargo en 2018 lanzó una cruzada judicial contra operadores de justicia anticorrupción, activistas humanitarios y periodistas, lo cual provocó que unos 30 de ellos se fueran del país. El período de la fiscal termina en 2026.
(Con información de AFP)
