El Parlamento de Sri Lanka aprobó por 108 votos a favor y 62 en contra un proyecto de ley propuesto por el oficialismo para regular el contenido en línea, lo que genera críticas de grupos de derechos humanos y políticos de oposición, que acusan al gobierno de intentar reprimir a la disidencia y sofocar la libertad de expresión antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales de este año.
El nuevo marco normativo establece que una comisión integrada por cinco miembros será la encargada de determinar los contenidos de carácter “ilegal”, cuyos autores podrán ser sancionados con fuertes multas y penas de hasta cinco años de prisión, además de responsabilizar a empresas como Google, Facebook y X por el contenido publicado en sus plataformas.
El gobierno de primer ministro Ranil Wickremesinghe dijo que la iniciativa, presentada a la legislatura apenas un día antes de la votación, tiene como objetivo combatir los delitos cibernéticos, incluidos el abuso infantil, el robo de datos y el fraude en línea en un país en el que, según el ministro de Seguridad Pública, Tiran Alles, registró 8.000 delitos cibernéticos el año pasado.
“No se trata de reprimir a los medios ni a la oposición. Cualquier denuncia será atendida por la comisión, que será nombrada por el presidente, y ellos decidirán cómo actuar”, dijo Alles tras la votación.
Human Rights Watch criticó el proyecto ahora convertido en ley, advirtiendo que los miembros de la Comisión de Seguridad en Línea tendrían poderes arbitrarios para “decidir qué discurso en línea es “falso” o “dañino”, “eliminar contenido, restringir y prohibir el acceso a Internet y procesar a individuos y organizaciones”.
Harsha de Silva, legisladora del principal partido opositor Samagi Jana Balawegaya, señaló que la legislación es “una amenaza para la democracia”, al tiempo que evaluó que “tendrá un grave impacto negativo en la expansión del comercio electrónico en Sri Lanka” y que “no ayudará a proporcionar empleo a los jóvenes ni incentivará el crecimiento que la economía necesita desesperadamente”.
El martes, cuando los legisladores comenzaron a debatir el proyecto, el diputado Eran Wickramaratne, también del Samagi Jana Balawegaya, dijo que no entendía por qué el gobierno tenía tanta prisa por aprobarlo. “Deberíamos tomarnos más tiempo y tener un mejor enfoque para aprobar leyes que son tan importantes”, expresó.
Por su parte, la Coalición Asiática de Internet (AIC), que tiene como miembros a Apple, Amazon, Google y Yahoo, advirtió la norma constituye un “sistema draconiano para reprimir la disidencia” y agregó que “podría socavar el crecimiento potencial de la economía digital de Sri Lanka”.
“Mantenemos inequívocamente nuestra posición de que la ley de seguridad en línea, en su forma actual, es inviable y socavará el crecimiento potencial y la inversión extranjera directa en la economía digital del país”, dijo la AIC en un comunicado.
Wickremesinghe llegó al poder en 2022 después de meses de protestas sociales por la situación económica que atraviesa el país, agobiado por el peso de la deuda externa y problemas de seguridad, lo que derivó en la caída de su antecesor.
Desde que asumió como primer ministro, ha sido acusado de reprimir la disidencia. En 2002, declaró el estado de emergencia, otorgó amplios poderes a los militares y prometió adoptar una línea dura contra los “alborotadores”, contexto en el que varios líderes de las protestas fueron arrestados, en lo que los críticos llamaron una “caza de brujas”.
Desde entonces, Naciones Unidas ha condenados en varias ocasiones el “mal uso de las medidas de emergencia” por parte del presidente, señalando que atentan contra “el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad, de reunión pacífica y de expresión”.
Por su parte, también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó una propuesta de ley antiterrorista que otorga amplios poderes a la policía y al ejército para realizar registros y arrestar a personas con una “supervisión judicial inadecuada”.
(Con información de agencias)
