El gobierno de Estados Unidos se manifestó contrario a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad, posición que sostuvo en el marco del juicio no vinculante que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a petición de una abrumadora mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).
El máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana una serie audiencias históricas sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos, con un número inédito de 52 países llamados a declarar, además de varias de las principales organizaciones mundiales defensoras de los derechos humanos y civiles.
La mayoría de los oradores pidieron hasta ahora que Israel ponga fin a la ocupación iniciada en 1967, después de la Guerra de los Seis Días, pero Estados Unidos defendió a su aliado. “La corte no debe concluir que Israel está legalmente obligado a retirarse inmediata e incondicionalmente del territorio ocupado”, argumentó Richard Visek, asesor jurídico del Departamento de Estado.
“Todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cijordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel”, destacó Visek durante la tercera de las audiencias, que se celebran en un contexto de creciente presión jurídica sobre Israel como consecuencia de su ofensiva en Gaza.
Las audiencias comenzaron el lunes con testimonios de funcionarios palestinos, entre ellos el del ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al Maliki, quien acusó al Estado de Israel de dirigir un sistema de “colonialismo y apartheid”, e instó a los jueces a pedir el fin de la ocupación “inmediata, total e incondicional”.
Si bien el pronunciamiento de la máxima instancia judicial de la ONU no será vinculante, se espera que cualquier decisión tenga una importante repercusión a nivel mundial, en especial en momentos en que crece la presión sobre Israel para que detenga el asedio en Gaza, que ha provocado al menos 29.000 civiles muertos.
Las audiencias que comenzaron este lunes corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica ante la CIJ, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante la ofensiva en el enclave palestino, luego que el tribunal ordenara a Tel Aviv evitar todo acto de genocidio, pero sin hacer un llamado a un cese el fuego.
El viernes pasado, el tribunal rechazó un segundo pedido de Sudáfrica, que le solicitó al CIJ que ordenara nuevas medidas, después que Israel anunciara una próxima y masiva ofensiva militar en Rafah, en donde se encuentran refugiados más de la mitad de los 2,4 millones de habitantes, en su mayoría desplazados desde el norte del enclave y alojados en campamentos administrados por las agencias de la ONU.
En junio de 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel le arrebató a Jordania Cisjordania y Jerusalén Este, los Altos del Golán a Siria, y la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, unos 70.000 kilómetros cuadrados de territorios árabes, ocupación declarada ilegal posteriormente por la ONU.
La CIJ examinará además las consecuencias de lo que la resolución de la ONU describe como “la adopción por Israel de leyes y medidas discriminatorias” y, adicionalmente, deberá pronunciarse sobre cómo las acciones de Israel “afectan al estatuto jurídico de la ocupación” y las consecuencias de la situación para otros países.
(Con información de AFP)
