La senadora colombiana Piedad Córdoba, de la coalición Pacto Histórico, murió este sábado por la tarde a la edad de 68 años en la ciudad de Medellín. El periódico local El Tiempo señaló que la aparente causa del fallecimiento fue un infarto, y que sus escoltas, al encontrarla en su departamento de Medellín, la trasladaron de inmediato a la clínica Los Conquistadores, donde llegó sin presentar signos vitales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X: “Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajusticiamientos de jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como a una criminal”.
Petro agregó que “un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores. Por eso, quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del Pacto Histórico, sentí que lo merecía. Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto”.
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El Polo Democrático Alternativo (PDA) también lamentó la muerte de Córdoba. En su cuenta de X publicó “murió una mujer que como pocas enfrentó el secuestro paramilitar, la persecución y los señalamientos y calumnias de sus enemigos y que, además, aun así, se mantuvo digna y combativa. Un fraternal saludo a sus hijos, hijas, familiares y amigos que siempre estuvieron a su lado”.
En mayo de 1999, Piedad Córdoba fue secuestrada por el grupo criminal conocido como “La Terraza” y posteriormente fue trasladada a un campamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar y narcotraficante que operó en la nación sudamericana entre 1997 y 2006 y fueron creadas para combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En septiembre de 2010, Córdoba fue acusada por el procurador de la República, Alejandro Ordóñez, de extralimitarse en sus labores de mediadora en la relación entre el Gobierno colombiano y las FARC. Por estos señalamientos, Córdoba fue inhabilitada de ejercer cargos públicos durante 18 años.
(Con información de agencias y medios locales)
