El Tribunal Constitucional de Ecuador (TCE) aprobó seis preguntas de las que propuso el gobierno del presidente Daniel Noboa, dictamen favorable que da luz verde a la consulta popular que impulsa el gobierno en materia de participación de militares materia de seguridad interior, el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.
El TCE, sin embargo, dejó fuera la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre la opción de indultar a miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad del Estado que hayan sido imputados por un delito de uso de la fuerza, como así también la consulta sobre que ese personal fuera juzgado “en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal y militar”.
El tribunal, además, decidió que otras preguntas, relacionadas con una futura reforma de las leyes laborales y el funcionamiento del Estado, deberán pasar por una segunda revisión en un plazo de 20 días.
Uno de los interrogantes validados es sobre si las Fuerzas Armadas podrán hacer “control de armas, municiones, explosivos y accesorios”, mientras que otra plantea reformar el Código Penal para incrementar las penas por terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, trata, secuestro, tráfico de armas, blanqueo de capitales y actividad ilícita de recursos mineros.
Otro de los temas sobre los que podrá expedirse la ciudadanía plantea si los presos deben cumplir “la totalidad de la pena”, lo que implicaría una reforma al Código Orgánico Integral Penal, y la posible tipificación como delito la posesión de armas, municiones o componentes “de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía” sin que ello afecte “a las armas de fuego permitidas para uso civil”.
El TCE aceptó también otra cuestión que reformaría el Código Penal y que plantea si “las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, pueden destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas”.
El decisión del máximo tribunal constitucional también habilitó la pregunta que alude a la posibilidad de que el Estado sea titular “de los bienes de origen ilícito o injustificado”, simplificando así “el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio”.
Con el referendo, que se realizaría en abril próximo, Noboa busca fortalecer su lucha contra el narcotráfico, que convirtió al país en un centro logístico para el envío de droga a Europa y Estados Unidos, lo que desatado una guerra entre las organizaciones criminales que ha dejado más de 460 presos muertos en matanzas entre sí desde 2021, situación que ha disparado además los homicidios del 6 al 46 por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2023.
Noboa decretó hace casi tres semanas el estado de excepción por 60 días para movilizar militares a las calles e implantar un toque de queda nocturno, ocasión en la que declaró a la nación en “conflicto armado interno” y dio el estatus de beligerantes a 22 organizaciones “terroristas” ante una fuerte arremetida de los narcos.
(Con información de AFP)
