Vusi Madonsela, embajador de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, acusó formalmente a Israel de llevar a cabo una forma de “apartheid más extremo” que el que se vivió en Sudáfrica contra la población negra de ese país.
Los 15 jueces de la CIJ deberán emitir su voto días después de que el viernes terminen las audiencias que comenzaron el lunes pasado. El tribunal actuó por un pedido hecho hace más de un año por parte de la Asamblea General de la ONU.
La resolución es “no vinculante” y se refiere a las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados desde la Guerra de los Seis Días de 1967, incluidos Cisjordania y Jerusalén Este.
Estas audiencias no guardan relación con la actual guerra en Gaza ya que fueron encomendadas con mucha anterioridad al inicio del conflicto debido al ataque de Hamás.
Israel niega haber impuesto un régimen discriminatorio a los palestinos y tacha esas acusaciones de “difamaciones”.
Este proceso es distinto del iniciado hace unas semanas ante la CIJ en el que Sudáfrica acusa a Israel de genocidio contra los palestinos de Gaza por sus operaciones militares tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.
No hay una sentencia aún en ese proceso ni se espera una a corto plazo, pero la Corte exhortó en enero a las autoridades israelíes a evitar que se cometa en la Franja el delito de genocidio, considerado un crimen contra la humanidad.
Aunque el procedimiento que arrancó el lunes en La Haya no guarda relación con la guerra en Gaza, aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu, a quien un gran número de países y organizaciones pidieron un alto el fuego para detener el sufrimiento de la población palestina de Gaza.
La ONU pidió a la CIJ que analizara lo que sucedió y sucede en los territorios palestinos ocupados en los que viven miles de colonos judíos y que determinara su “legalidad”. Se trata de un procedimiento consultivo. Únicamente los órganos de Naciones Unidas y entidades afiliadas pueden solicitar la apertura de uno de ellos.
Los seis días de audiencias ante los 15 jueces que componen el tribunal terminan el viernes 23.
Dado que es la Asamblea de la ONU la que lo promueve, más de 50 países participan y hacen oír sus argumentos, un número mucho mayor del habitual en este tipo de procedimientos.
En la primera audiencia del lunes, funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina acusaron a Israel de haber impuesto a los palestinos un sistema de “colonialismo y apartheid”.
Por su parte, Madonsela citó el martes la existencia de tribunales separados, las diferentes reglas para la propiedad de la tierra y el diferente trato en el acceso a la vivienda para argumentar que Israel impuso un sistema dual que favorece a los colonos judíos “negando los derechos palestinos”.
“Sudáfrica carga con una obligación especial, tanto ante su pueblo como ante la comunidad internacional, de asegurarse de que allá donde se produzcan las atroces y ofensivas prácticas del apartheid, esto debe denunciarse como lo que es y se le debe poner fin de inmediato”, dijo Madonsela.
El gobierno israelí decidió no participar en las audiencias, pero envió un escrito al tribunal el año pasado en el que asegura que las cuestiones que se plantearon ante la Corte son “prejuiciosas” y “tendenciosas”.
Además, dijo que este procedimiento “no reconoce el derecho y el deber de Israel a proteger a sus ciudadanos”, no tiene en cuenta las preocupaciones de seguridad israelíes ni reconoce acuerdos previos con los palestinos para negociar “la situación permanente del territorio, aspectos de seguridad, asentamientos y fronteras”.
La oficina del primer ministro israelí difundió un comunicado en el que asegura que el proceso “busca menoscabar los derechos de Israel a defenderse de amenazas existenciales”. Israel rechaza que haya impuesto un régimen discriminatorio a los palestinos y destaca que sus ciudadanos árabes cuentan con los mismos derechos que los israelíes judíos.
También resalta que concedió autonomía a la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de paz de la década de 1990.
Sea cual sea el dictamen del tribunal, al tratarse de un procedimiento consultivo, no será vinculante. Naciones Unidas emitió numerosas resoluciones condenando la creación de asentamientos judíos en los territorios ocupados, pero sin consecuencias prácticas.
La resolución que emita en este caso la CIJ no implicará su cumplimiento obligatorio para ninguno de los Estados. Se espera una decisión relativamente rápida, y es probable un fallo contrario a la posición israelí que tendría sólo un peso simbólico, pero acrecentaría la presión sobre el gobierno de Netanyahu para que detenga las operaciones militares en Gaza.
