Río de Janeiro es un Estado donde cada día de 2023 murieron más de 11 personas de manera violenta. Esos asesinatos se concentran en las áreas metropolitanas de la ciudad. Los 4.356 muertos del año pasado son la cifra más baja en 34 años, cuando las autoridades estatales empezaron a llevar la cuenta, según el Instituto de Seguridad Pública.
El descenso de las muertes violentas fue del 5% y es consecuencia de que la policía produjo un 35% menos de muertes. Es decir, 869 personas murieron en operaciones policiales, lo que significa más de dos al día y casi 500 menos que el año anterior.
Las fuerzas de seguridad de Brasil están entre las más letales del mundo. Entre ellas se destaca la capital del estado de Bahía, que quedó por encima de Río de Janeiro en 2023.
El balance anual de Río, elaborado por el Instituto de Seguridad Pública, presentado el viernes pasado, es analizado por Carolina Grillo, de la Universidad Federal Fluminense: “Esta caída es sorprendente, teniendo en cuenta que no se ha implementado ninguna política por iniciativa del Gobierno del Estado de Río de Janeiro dirigida a reducir la letalidad policial”.
La investigadora en temas de seguridad pública recuerda que el punto de partida “era muy alto, en 2022 fueron 1.330 personas muertas”. Grillo es coordinadora del Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos y advierte: “Incluso con una caída del 34,7%, la letalidad policial sigue en un nivel inaceptable, es más del doble que en 2012 y 2013″.
Sería necesaria una caída mucho mayor para alcanzar niveles internacionalmente aceptables, es decir, que las fuerzas de seguridad causen menos del 10% de las muertes violentas. Actualmente, la policía de Río, un Estado con 16 millones de habitantes, comete el 20% de los homicidios.
Durante los cuatro años anteriores alcanzó el 30%, un periodo que abarca casi todo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro.
Cuando la ONG Human Rights Watch presentó su informe anual, la letalidad policial fue una de sus preocupaciones y lo destacó en el capítulo dedicado a Brasil. El director en Brasil, César Muñoz, dijo que “la ausencia de medidas contundentes para combatir el problema que supone el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”.
Muñoz dijo que en 16 de los 27 Estados los muertos a manos de la policía aumentaron en 2023 y que en dos de ellos, Goiás y Amapá, de baja densidad de población, los agentes perpetraron la mitad de las muertes violentas.
Joana Monteiro, de la Fundación Getulio Vargas, escribió en X que la caída de las muertes a manos policiales en Río “es muy claro a partir de agosto de 2023″, porque desde entonces hasta fin de año hubo 43 muertos al mes, frente a los 93 de media mensual en el primer semestre y los 111 mensuales de 2022.
“Yo no sé qué ocurrió, quien puede explicarlo es la Policía Militar del Estado de Río”. El Instituto de Seguridad Pública de la ciudad destaca en su balance que el decomiso de armas largas aumentó casi un 30%, unos 610 fusiles, más de 6.000 armas cortas fueron aprehendidas, recuperados casi 15.000 vehículos robados y casi 37.000 detenidos in fraganti.
Subraya la inversión de unos US$ 510 millones en tecnología, equipos de protección para los agentes, además de obras en cuarteles y comisarías. Las cámaras que los policías llevan en sus uniformes han contribuido a reducir la letalidad policial en Brasil, pero su uso es muy desigual.
Los gobernadores de Río y de San Pablo, afines al expresidente Jair Bolsonaro, se resisten a esas cámaras que son un control para el gatillo fácil. Grillo dice que “en los últimos años, el Gobierno del Estado de Río ha ofrecido resistencia ante todas las decisiones del Tribunal Supremo dirigidas a reducir la letalidad policial, sea con recursos como mediante la desobediencia deliberada”.
Los grupos de familiares de las víctimas y otros movimientos sociales acudieron al alto tribunal en 2019 y el Supremo ordenó en 2022 colocar cámaras a todos los agentes de Río. Pero solo ahora, el 8 de enero pasado, empezó a usar el equipamiento que sí lleva la Policía Militar, una tropa especializada.
Grillo explica que “en 2023 el cambio se debe también a la llegada del presidente Lula al Gobierno, Río de Janeiro ya no tiene apoyo político para seguir desafiando al Supremo”.
“Bandido bueno es bandido muerto”, fue una frase acuñada por dirigentes políticos en tiempos de Bolsonaro, y eso ya no tiene aval político desde la cúspide del poder. “Si antes las autoridades expresaban descaradamente su apoyo a la práctica de matanzas policiales, la certeza de la impunidad se ve amenazada de alguna manera”, añade Grillo.
(Con información de agencia)
