Durante más de dos horas, en una vista oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos llevada a cabo este jueves, los jueces escucharon argumentos de lo que será en unas semanas la decisión respecto de si Donald Trump puede o no presentarse a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre para intentar volver a la Casa Blanca.
Por la composición del tribunal, es previsible que haya una mayoría que vote a favor de dejar a Trump presentarse a las elecciones. De los nueve magistrados, seis son conservadores, incluso tres de ellos fueron nombrados por el propio Trump. Otros tres son progresistas.
La sesión del jueves se centró en la cláusula de la sección tercera de la 14ª enmienda, que regula “la inhabilitación por insurrección”. El laberinto jurídico es tan complejo que puede, incluso, deparar sorpresas respecto de cómo serán los votos pese al encuadre previo de seis contra tres.
Las estrictas normas del Supremo no permiten el acceso de las cámaras al recinto del debate pero los medios estuvieron pendientes de este tema. Los jueces deben pronunciarse en concreto sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado que inhabilitó a Trump para presentarse a las primarias en ese Estado el próximo 5 de marzo.
Eso impone un ritmo al tratamiento del Supremo que debería fallar antes de un mes, ya que la doctrina del Tribunal Supremo se puede aplicar en decenas de Estados. En Maine hay una inhabilitación similar a la espera de lo que digan los magistrados del Supremo.
La máxima autoridad judicial del país tomó el caso “Bush contra Gore”, que zanjó la disputa por el recuento de votos en Florida en las elecciones de 2000 y acabó dándole la presidencia a George W. Bush, con las consabidas declaraciones de manipulación y fraude por parte de los demócratas.
El abogado de Trump, Jonathan Mitchell, sostiene que esa enmienda constitucional no impide presentarse a elecciones. Dice que, en todo caso, impediría “desempeñar” el cargo, que es la palabra utilizada en la norma.
“No sabemos si el presidente Trump sería excusado si gana las elecciones antes de jurar el cargo el 20 de enero de 2025″, argumentó Mitchell. Varios jueces se mostraron de acuerdo con ese argumento. “La enmienda se refiere a ocupar un cargo, no a presentarse para un cargo”, sostiene el juez conservador Samuel Alito.
Mitchell también sostiene que la enmienda en cuestión no refiere a la presidencia, ya que dice textualmente que un insurrecto no podrá “ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno”. El orden del texto es descendente en términos de la burocracia pública y no se cita expresamente al “presidente”.
La defensa de Trump también sostiene que la cláusula se aplica a quien haya participado en una insurrección siendo “funcionario de Estados Unidos”. Mitchell dice que eso no se aplica al cargo de presidente.
Otro argumento del equipo legal de Trump es que al asumir su cargo no prestó “juramento de apoyar la Constitución”, sino que el juramento del presidente es de “preservar, proteger y defender” la Constitución. Suena a sutileza leguleya, sin duda, pero Trump necesita que al menos cinco de los nueve jueces le den sustento legal a un fallo que, automáticamente en caso de favorecer a Trump, dará a los demócratas mucha tela para cargar contra una sentencia semejante.
Del mismo modo, para alguien que está al tope de las encuestas y tiene el camino abierto en las internas republicanas, su inhabilitación sería una proscripción para la mirada de los votantes republicanos.
La defensa de Trump sostiene que “los sucesos del 6 de enero de 2021 no fueron una insurrección en el sentido en que se utiliza ese término en la sección tercera [de la decimocuarta Enmienda]”, sino que se engarza en la “larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas” en Estados Unidos.
El propio Trump se presentó este jueves en su club de Mar-a-Lago, Florida, tras la sesión del tribunal y se presentó como víctima y decir que se trata todo de un intento de “interferencia electoral de los demócratas”.
“Creo que fue una insurrección provocada por Nancy Pelosi”, que entonces presidía la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata. Lo cierto es que la propia Pelosi, ese 6 de enero debió buscar resguardo, porque los manifestantes gritaban su nombre con agresividad.
Trump confía en ganar. “Creo que la presentación de hoy ha sido muy buena”, dijo en referencia a lo hecho por Mitchell y su equipo.
Según Mitchell, si se consideran aquellos actos como una insurrección, Trump no participó y eso lo exime de la acusación.
La evidencia de que un mismo hecho tiene miradas distintas y que esas están más vinculadas a la política que a la letra legal es que el Tribunal Supremo de Colorado aceptó el informe de la comisión del Congreso que investigó lo ocurrido el 6 de enero de 2021 como prueba válida para determinar que Trump es un insurrecto.
(Con información de agencias)
